El gobernador de Samuel Alejandro García Sepúlveda firmó el acuerdo estatal “Cero Clausuras: Confianza y Legalidad para el Desarrollo”, una estrategia con la que el Gobierno de Nuevo León busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante mecanismos de acompañamiento, regularización y simplificación administrativa, priorizando la corrección de faltas menores antes que el cierre de negocios.
Durante el anuncio realizado en Monterrey, el mandatario estatal sostuvo que la iniciativa representa el inicio de una política de mayor flexibilidad para los negocios locales, con el objetivo de que las MIPYMES reciban condiciones similares a las que actualmente obtienen las inversiones extranjeras que llegan al estado. García Sepúlveda afirmó que las facilidades administrativas, los incentivos y los tiempos de respuesta gubernamentales deberán aplicarse también a las empresas locales para generar un entorno más competitivo y equitativo.
El gobernador estuvo acompañado por el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, así como por la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, quien explicó que el programa está enfocado principalmente en negocios de bajo impacto y bajo riesgo, buscando que puedan cumplir con la normatividad sin enfrentar clausuras inmediatas por irregularidades administrativas menores.
Rocha detalló que el Gobierno estatal desplegará a las distintas dependencias involucradas para acompañar a las empresas en procesos de regularización durante un periodo de un año. La funcionaria señaló que el propósito es construir condiciones de “piso parejo” para los pequeños negocios, facilitando el cumplimiento legal y evitando afectaciones económicas derivadas de cierres preventivos por faltas no graves.
El acuerdo forma parte de la estrategia integral “Nuevo León Cumple”, impulsada por la Secretaría de Economía y la Oficina Ejecutiva del Gobierno estatal. El proyecto contempla un modelo basado en reglas claras, digitalización de trámites, inspecciones transparentes y combate a prácticas indebidas tanto en el sector público como privado.
Según lo establecido en el documento, cuando una autoridad detecte incumplimientos administrativos considerados no graves, el procedimiento deberá privilegiar medidas correctivas, advertencias y periodos razonables para que el negocio subsane las observaciones antes de llegar a una clausura. Bajo este esquema, el cierre de establecimientos quedará reservado como última medida administrativa.
El Gobierno de Nuevo León subrayó que la estrategia busca reducir cargas regulatorias y facilitar que los negocios operen dentro de la legalidad, al tiempo que se fortalece la generación de empleo y la actividad económica en la entidad.
La administración estatal precisó que las facultades de inspección y sanción relacionadas con seguridad, salud pública, protección civil, medio ambiente y cumplimiento legal permanecerán vigentes. El acuerdo no aplicará en casos donde exista riesgo para la vida, daños ambientales, reincidencia, posibles delitos o denuncias ciudadanas fundamentadas.
Durante el evento también participaron representantes de organismos empresariales. Jaime Herrera destacó la importancia de generar un trabajo coordinado entre autoridades y sector privado para simplificar trámites y permitir que los negocios puedan avanzar primero en la regularización de aspectos prioritarios antes de atender requerimientos secundarios.
Asimismo, Samuel García hizo un llamado a la Mesa de Coordinación Metropolitana para impulsar un proyecto municipal alineado con la estrategia estatal, con el fin de homologar procedimientos entre municipios y fortalecer la competitividad regional de Nuevo León.
El acuerdo incorpora además mecanismos de corresponsabilidad para las dependencias estatales encargadas de su aplicación. El documento establece que los servidores públicos que incurran en malas prácticas o incumplan con los lineamientos del programa podrán ser sujetos a sanciones administrativas.
