El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. cuestionó las cifras presentadas como parte de la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, difundidas durante la conferencia matutina del Gobierno federal, al considerar que el enfoque oficial reduce la dimensión real del problema y traslada responsabilidades que corresponden al Estado.
En un posicionamiento público, la organización señaló que, si bien resulta relevante mejorar los registros y transparentar las metodologías de revisión, la premisa de que en México no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de los casos corresponden a ausencias voluntarias distorsiona el fenómeno. De acuerdo con el Centro Prodh, esta interpretación minimiza la responsabilidad estatal, en contraste con lo que han documentado y advertido organismos internacionales en materia de derechos humanos.
La organización criticó particularmente que se acote a 43 128 el número de personas desaparecidas, al considerar que esta cifra no refleja la magnitud de una crisis que, subrayó, tiene un profundo impacto humano y social. Indicó que el problema no puede resolverse mediante revisiones administrativas de registros públicos, sino que requiere acciones de búsqueda efectivas en campo y políticas integrales.
Asimismo, manifestó preocupación por la existencia de más de 46 mil registros clasificados como de “datos insuficientes”, sin que se hayan anunciado medidas para corregir esas omisiones o activar mecanismos de localización. El Centro Prodh enfatizó que las fallas en el Registro Nacional no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades responsables de integrar la información con diligencia y de iniciar búsquedas inmediatas.
En el mismo pronunciamiento, la organización destacó que el reconocimiento de apenas 3 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos estructurales que enfrentan las familias para denunciar. Señaló que, en múltiples contextos, prevalecen condiciones de riesgo vinculadas a la presencia de redes criminales que incluso alcanzan a las fiscalías, lo que inhibe la apertura de investigaciones penales.
Recordó que, ante cualquier desaparición, existe la obligación legal de iniciar una investigación penal, por lo que advirtió que, sin medidas adicionales que garanticen este proceso, las familias continuarán enfrentando barreras institucionales. En ese sentido, también cuestionó la afirmación oficial de que más del 90 por ciento de las personas desaparecidas han sido localizadas, al precisar que estos resultados no necesariamente derivan de acciones del Estado, sino en muchos casos del esfuerzo directo de las familias y sus redes comunitarias.
El Centro Prodh retomó además las observaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que durante su visita a México documentó niveles de impunidad superiores al 99.9 por ciento. En este contexto, sostuvo que las detenciones anunciadas por las autoridades no constituyen un indicador confiable de combate a la impunidad si no se traducen en procesos judiciales sólidos que concluyan en sentencias.
Finalmente, la organización advirtió que, a lo largo de diversas administraciones, las acciones en torno a las desapariciones se han centrado en ajustes de cifras y depuración de registros, sin avanzar hacia la construcción de una política nacional integral de prevención y erradicación. Subrayó que este enfoque ha sido recomendado de manera reiterada por instancias internacionales y resulta indispensable para enfrentar una crisis que calificó como profundamente dolorosa y persistente en el país.
