La presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiar el nombre de uno de los sitios históricos más conocidos de la región de los volcanes, el Paso de Cortés, por “Paso de los Pueblos Indígenas”, una iniciativa que presentó como un acto de justicia y reconocimiento a las comunidades originarias de México, pero que también abre un debate sobre los alcances reales de este tipo de acciones simbólicas frente a los problemas que enfrentan actualmente numerosos pueblos indígenas.

“En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, propusimos, por justicia, cambiar el nombre de Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, origen y fuente de nuestros valores”, declaró la mandataria este 9 de agosto, fecha establecida por Naciones Unidas para reconocer los derechos, la diversidad cultural y las aportaciones de los pueblos indígenas.

La propuesta de la presidenta plantea sustituir una denominación directamente relacionada con Hernán Cortés por otra que haga referencia a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta ahora se trata de una propuesta y no de un cambio que haya quedado formalizado de manera inmediata.

El nombre Paso de Cortés tiene un origen histórico concreto. El sitio se localiza en un puerto de montaña situado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en territorio del Estado de México, y su denominación está vinculada con el paso de Hernán Cortés y su expedición por esta zona durante su avance hacia México-Tenochtitlan en 1519.

La ruta adquirió relevancia durante la expedición española porque permitió a Cortés y sus hombres atravesar la zona montañosa para dirigirse hacia el Valle de México. La denominación “Paso de Cortés” quedó asociada posteriormente con ese episodio de la Conquista y con el personaje que encabezó la expedición española.

El sitio, por tanto, no recibió ese nombre porque Cortés hubiera sido el primero en utilizarlo. La ruta ya era conocida y transitada por poblaciones indígenas antes de la llegada de los españoles. Lo que explica la denominación es la relevancia histórica que adquirió el paso de la expedición de Cortés por ese punto en el contexto de la Conquista.

Precisamente esa circunstancia forma parte del argumento político detrás de la propuesta presidencial. Desde la perspectiva planteada por Sheinbaum, mantener en un espacio de relevancia histórica el nombre de uno de los principales protagonistas de la Conquista puede interpretarse como una forma de privilegiar la memoria de la expedición española sobre la de las sociedades indígenas que habitaban el territorio antes de 1519.

El eventual cambio buscaría invertir ese referente. En lugar de recordar al conquistador, la denominación propuesta colocaría en primer plano a los pueblos indígenas, a los que la presidenta identificó como “origen y fuente de nuestros valores”.

La iniciativa forma parte de una narrativa más amplia del actual gobierno federal, que ha colocado la reivindicación de los pueblos originarios entre sus principales banderas políticas. Durante su administración se han impulsado reformas y mecanismos presupuestarios destinados a reconocer a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho.

En junio de 2026, el gobierno federal informó que en México están registrados 70 pueblos, 69 indígenas y uno afromexicano, así como más de 16 mil comunidades y una población indígena y afromexicana de alrededor de 25.8 millones de personas, equivalente al 20.5 por ciento de la población nacional, de acuerdo con las cifras presentadas por la propia Presidencia.

Pero precisamente surge una de las principales discusiones alrededor de la propuesta de cambiar el nombre del Paso de Cortés.

El cuestionamiento no necesariamente se dirige contra el reconocimiento histórico de los pueblos indígenas, sino contra la posibilidad de que las acciones simbólicas tengan un peso mayor que las soluciones a problemas concretos que persisten en diversas regiones del país.

La discusión resulta especialmente relevante porque existen comunidades indígenas que continúan enfrentando violencia, desplazamiento forzado, amenazas contra sus habitantes y disputas territoriales. En mayo de 2026, el Congreso Nacional Indígena denunció ataques armados, desplazamiento y asesinatos contra comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, y pidió medidas urgentes al Estado mexicano.

Ese contraste alimenta la pregunta sobre qué significa realmente reivindicar a los pueblos originarios. Para los defensores de la política impulsada por Sheinbaum, recuperar nombres, reconocer derechos colectivos y entregar presupuesto directamente a las comunidades forman parte de un mismo proceso de reparación histórica. Para sus críticos, el reconocimiento simbólico sólo adquiere verdadero significado cuando se acompaña de seguridad, acceso efectivo a servicios públicos, defensa del territorio, infraestructura y capacidad real para ejercer la autonomía reconocida constitucionalmente.

La diferencia es importante porque permite dimensionar el debate sin reducirlo a una confrontación política. Cambiar el nombre del Paso de Cortés no equivale, por sí mismo, a mejorar las condiciones de vida de una comunidad indígena. Es una decisión de carácter histórico y simbólico. Los resultados materiales dependen de políticas distintas: presupuesto, infraestructura, seguridad, acceso a justicia, protección territorial, educación, salud y mecanismos efectivos de autonomía.

También existe un elemento de participación que será determinante si la propuesta avanza. Si el objetivo es que el nuevo nombre represente a los pueblos indígenas, la discusión sobre la denominación tendría mayor legitimidad si incorpora a las comunidades vinculadas con el territorio y considera sus propias formas de organización y decisión.

El gobierno federal ha defendido precisamente la participación comunitaria como uno de los elementos centrales de su política indígena. La reforma constitucional y los mecanismos asociados al FAISPIAM buscan reconocer a las comunidades como sujetos de derecho y permitir que sus asambleas determinen el destino de determinados recursos.

En ese sentido, el cambio propuesto para el Paso de Cortés puede entenderse como parte de una disputa más amplia por la memoria histórica de México. La denominación actual remite a la expedición encabezada por Cortés y a uno de los momentos decisivos de la Conquista; la alternativa propuesta por Sheinbaum pretende que el mismo espacio sea identificado con los pueblos que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles y que continúan formando parte de la sociedad mexicana.

La pregunta de fondo, sin embargo, va más allá del nombre de un sitio turístico o histórico. El verdadero desafío para cualquier política de reivindicación indígena consiste en demostrar que el reconocimiento simbólico está acompañado de transformaciones que puedan ser comprobadas en la vida cotidiana de las comunidades.

Mientras el gobierno puede acreditar la existencia de nuevos mecanismos presupuestarios, reformas constitucionales y programas dirigidos a pueblos indígenas, las denuncias de violencia y desplazamiento en distintas regiones muestran que persisten problemas estructurales que no se resuelven mediante cambios de nomenclatura.

Por ello, la propuesta de sustituir “Paso de Cortés” por “Paso de los Pueblos Indígenas” probablemente tendrá una doble lectura. Para el gobierno federal representa un acto de justicia histórica y una manera de colocar a los pueblos originarios en el centro de la memoria nacional. Para sus críticos, el verdadero parámetro para evaluar la política indígena no estará en los nombres de los lugares, sino en si las comunidades cuentan con mayor seguridad, recursos, servicios, autonomía y capacidad efectiva para defender sus territorios y derechos.

El debate queda así abierto: reconocer a los pueblos indígenas en los símbolos y en la narrativa histórica puede tener un valor cultural y político, pero la dimensión más importante de la reivindicación será determinar si ese reconocimiento se convierte también en mejores condiciones de vida y en una mayor capacidad de decisión para las comunidades.

Por ahora, el Paso de Cortés conserva su denominación histórica y la propuesta presidencial representa el inicio de una eventual modificación. La discusión que se desprende de ella, sin embargo, trasciende el nombre de un camino entre volcanes y vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión central para México: cómo pasar del reconocimiento simbólico de los pueblos indígenas a garantizar plenamente sus derechos en la realidad.