El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó formalmente al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas remitir de manera urgente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México, con el objetivo de que el máximo órgano deliberativo internacional evalúe medidas de apoyo al Estado mexicano frente a una crisis que, según sus conclusiones, presenta indicios de crímenes de lesa humanidad.
La decisión, adoptada con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se sustenta en información recabada durante más de una década por el Comité, incluyendo evaluaciones periódicas, su visita oficial al país en 2021, solicitudes de acción urgente de víctimas, así como datos aportados por el propio Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil.
El CED concluyó que existen elementos que apuntan a la comisión reiterada de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, en el marco de ataques que califica como generalizados o sistemáticos contra la población civil. No obstante, precisó que este procedimiento tiene carácter preventivo y no busca determinar responsabilidades penales individuales, sino movilizar atención y respaldo internacional.
En su análisis, el organismo reconoció que no encontró pruebas de una política federal deliberada orientada a cometer desapariciones forzadas, en los términos establecidos por el Estatuto de Roma. Sin embargo, subrayó que el derecho internacional no exige que estos crímenes se originen en las más altas esferas del gobierno ni que ocurran en todo el territorio nacional para ser considerados de lesa humanidad, sino que basta con acreditar su magnitud, patrón y carácter sistemático.
El Comité también abordó la postura del Estado mexicano, que ha sostenido que una proporción significativa de las desapariciones es atribuible a grupos delictivos. Frente a ello, el CED destacó que ha recibido información creíble sobre casos en los que se presume participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia, además de recordar que, conforme al derecho internacional, organizaciones no estatales pueden incurrir en este tipo de crímenes si forman parte de ataques sistemáticos contra civiles.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, enfatizó que la calificación de crímenes de lesa humanidad responde a la escala y patrón de los hechos, más que a su origen institucional. En ese sentido, reiteró que la preocupación central radica en la persistencia y extensión del fenómeno.
Sobre la dimensión de la crisis, el organismo señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no permite aún distinguir con claridad cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas. Aun así, advirtió que las cifras disponibles reflejan un problema de gran magnitud, al que se suman el hallazgo de más de 4 500 fosas clandestinas, con miles de cuerpos y restos humanos, así como decenas de miles de restos sin identificar.
El Comité sostuvo que, pese a las acciones emprendidas por México en los últimos años, la situación no muestra una mejora sustancial según los datos oficiales y públicos disponibles. En este contexto, alertó que las capacidades institucionales siguen rebasadas y que persiste la necesidad de reformas estructurales para fortalecer la prevención, la investigación y la rendición de cuentas.
Como parte de su recomendación a la Asamblea General, el CED planteó la posibilidad de impulsar mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para robustecer las labores de búsqueda, análisis forense e investigación. Asimismo, propuso avanzar en la creación de un mecanismo eficaz que permita esclarecer los hechos y garantizar protección y acompañamiento a familiares, colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación rechazaron el informe del Comité al considerar que omite avances registrados desde 2018 en materia de combate a las desapariciones forzadas. Ambas dependencias calificaron el documento como “tendencioso” y “sesgado”, al sostener que no refleja de manera integral las acciones institucionales emprendidas por el Estado mexicano, entre ellas la creación de mecanismos de búsqueda, fortalecimiento del marco legal y coordinación con instancias internacionales.
El pronunciamiento del gobierno federal introduce un contraste con la evaluación del organismo internacional y anticipa un debate en el ámbito multilateral sobre el alcance de la crisis y las medidas necesarias para atenderla. Mientras el CED insiste en la urgencia de reforzar las capacidades del Estado y garantizar justicia para las víctimas, las autoridades mexicanas defienden que existe un proceso de transformación institucional en curso que no fue plenamente considerado en el informe.
El posicionamiento del Comité se suma a otras observaciones recientes de órganos internacionales sobre la situación de derechos humanos en México. En particular, expertos de la ONU en prevención de la tortura han reconocido avances institucionales, aunque han insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, mientras que otro comité del organismo ha señalado que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa durante años tuvo efectos discriminatorios, especialmente contra mujeres.
El CED reiteró su disposición a continuar colaborando con el Estado mexicano mediante sus distintos mecanismos, al señalar que el procedimiento activado busca facilitar una respuesta más eficaz y evitar un deterioro mayor de la situación, en un contexto donde la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas sigue siendo un eje central del debate nacional e internacional.
