La Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó un paquete de 40 recomendaciones al Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, entre las que destacan el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana, la erradicación de la impunidad, la protección de colectivos de búsqueda y la transformación del sistema forense y de atención a víctimas.
En el informe “Desaparición de Personas en México”, difundido este 11 de mayo desde Washington, D.C., el organismo consideró indispensable fortalecer la estrategia nacional de prevención de desapariciones mediante acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, con participación directa de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares.
La Comisión pidió además transparentar y sistematizar los procesos penales, administrativos y recomendaciones relacionadas con casos de desaparición forzada en los que hayan participado funcionarios públicos. También solicitó definir legalmente el alcance de la “aquiescencia” del Estado frente a desapariciones ocurridas en contextos dominados por el crimen organizado, con el fin de determinar responsabilidades institucionales.
Entre las medidas prioritarias, la CIDH exigió garantizar la aplicación inmediata del Protocolo Alba en todas las entidades federativas, evitando cualquier tipo de demora para activar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas. Asimismo, llamó a desarrollar campañas nacionales de información pública que dejen claro que no existe obligación de esperar horas o días para denunciar y activar mecanismos de búsqueda.
El organismo interamericano también pidió reforzar las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes expuestos al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, incorporando una perspectiva de género y atención diferenciada a las causas de vulnerabilidad. A ello sumó la necesidad de fortalecer mecanismos de búsqueda de personas migrantes desaparecidas y crear sistemas públicos de registro de migrantes detenidos en estaciones migratorias y centros de retención.
La CIDH colocó especial atención en grupos históricamente vulnerables. Entre sus recomendaciones figura mejorar los registros oficiales de desapariciones de personas LGBTIQ+, incorporando datos relacionados con identidad de género, orientación sexual y expresión de género. También pidió reconocer jurídicamente a agentes estatales desaparecidos durante el ejercicio de sus funciones y garantizar protección integral para sus familias.
En materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el organismo urgió a fortalecer los mecanismos preventivos para evitar desapariciones, mediante medidas diseñadas en consenso con personas beneficiarias y organizaciones civiles.
Respecto al acceso a la justicia, la Comisión advirtió sobre prácticas de estigmatización contra familias buscadoras y demandó programas obligatorios de capacitación para ministerios públicos y operadores judiciales. El informe también recomienda difundir de manera masiva los mecanismos oficiales disponibles para denunciar desapariciones y acceder a atención institucional.
La CIDH pidió al gobierno federal brindar asistencia técnica a estados que aún no armonizan su legislación con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, además de impulsar la creación de fiscalías especializadas en las entidades donde todavía no existen.
El organismo consideró necesario modificar los modelos de investigación para incorporar enfoques contextuales y diferenciados que tomen en cuenta factores como la labor periodística, la defensa ambiental, la orientación sexual, la movilidad humana o posibles escenarios de reclutamiento criminal. También llamó a fortalecer la preservación de cadenas de custodia y la adecuada clasificación penal de los delitos relacionados con desapariciones.
Entre las medidas más relevantes figura la creación de protocolos nacionales para resguardar de inmediato sitios localizados por familias buscadoras y garantizar que hallazgos realizados por colectivos sean atendidos por autoridades ministeriales sin dilaciones. La CIDH además recomendó conformar grupos de trabajo integrados por autoridades y familiares para acelerar investigaciones y judicializaciones.
En el apartado de búsqueda e identificación humana, la Comisión propuso adoptar mecanismos de análisis de contexto territorial y criminal, así como garantizar escoltas capacitadas en derechos humanos durante jornadas de búsqueda en campo. También sugirió incorporar prioritariamente a personas buscadoras al sistema nacional de cuidados debido al desgaste físico y emocional derivado de sus labores.
El informe cuestionó la limitada eficacia de los sistemas forenses y recomendó fortalecer la interoperabilidad entre registros nacionales y estatales, además de establecer lineamientos técnicos homogéneos para centros de identificación humana. La CIDH insistió en la necesidad de implementar un enfoque masivo de identificación forense y crear una norma nacional para el manejo y resguardo de cuerpos bajo custodia estatal.
Asimismo, pidió armonizar la legislación para dotar de autonomía técnica y presupuestal a servicios médicos forenses y garantizar protocolos obligatorios para la entrega digna de restos humanos a las familias, respetando ritos, costumbres y evitando errores en procesos de identificación.
En el rubro de reparación integral, el organismo solicitó eliminar condicionamientos burocráticos para acceder a apoyos de las comisiones de atención a víctimas y simplificar trámites relacionados con la declaratoria especial de ausencia. También pidió impedir que el acceso a apoyos económicos o sociales dependa de aceptar tratamientos psicológicos u otros servicios institucionales.
La CIDH dedicó un apartado específico a las políticas de memoria y verdad relacionadas con desapariciones del pasado y del presente. Entre sus recomendaciones destaca garantizar protección a memoriales e iniciativas impulsadas por familias y colectivos, así como asegurar la colaboración de agencias militares y de inteligencia en la entrega de información sobre desapariciones históricas.
Finalmente, el organismo pidió difundir el informe final de la comisión de la verdad sobre la llamada “Guerra Sucia”, fortalecer el programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas de ese periodo y crear un registro público de iniciativas ciudadanas de memoria relacionadas con víctimas de desaparición en México.
