La organización Amnistía Internacional saludó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de poner a consideración de la Asamblea General de la ONU la situación de las desapariciones en México con carácter urgente, al tiempo que expresó su preocupación por la descalificación emitida por el Gobierno mexicano frente a esta resolución internacional.
En un posicionamiento público, la organización defensora de derechos humanos subrayó que las desapariciones en México continúan representando una crisis de gran escala que impacta de manera directa a más de 132 mil familias. Afirmó que si bien es importante reconocer los avances institucionales reportados por el Estado, estos no son suficientes para revertir la magnitud del fenómeno, por lo que insistió en la necesidad de atender de fondo las observaciones formuladas por instancias internacionales.
El pronunciamiento ocurre en el contexto de la decisión adoptada por el Comité, órgano especializado de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que determinó escalar el caso mexicano a la Asamblea General ante la gravedad de la situación documentada.
Amnistía Internacional destacó que esta resolución abre una oportunidad para que el Estado mexicano fortalezca la cooperación internacional, particularmente en materia de asistencia técnica, financiamiento y acompañamiento especializado en áreas críticas como la búsqueda de personas, el análisis forense y la investigación exhaustiva de los casos, incluyendo posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Asimismo, subrayó la urgencia de establecer mecanismos eficaces que permitan esclarecer la verdad, garantizar la protección de las familias buscadoras y brindar apoyo a organizaciones y defensores que acompañan estos procesos.
Como antecedente, el Comité anunció en abril de 2025 la activación, por primera vez en su historia, del artículo 34 de la Convención, con el objetivo de analizar si en México las desapariciones forzadas se cometen de manera sistemática o generalizada. Este procedimiento extraordinario refleja la preocupación internacional ante la persistencia del fenómeno.
En su informe más reciente sobre México, el Comité reconoció ciertos esfuerzos del Estado para enfrentar la crisis, pero concluyó que han resultado insuficientes frente a la magnitud del problema. Señaló que las instituciones encargadas de la atención y la investigación permanecen rebasadas, lo que evidencia la necesidad de cambios estructurales que permitan prevenir y sancionar eficazmente estos delitos.
El documento también establece que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose en México como crímenes de lesa humanidad. Según el análisis, estos actos se han llevado a cabo mediante ataques generalizados o sistemáticos en distintos momentos y regiones del país, dirigidos contra la población civil.
El Comité añadió que estos patrones de violencia se desarrollan en el marco de políticas estatales u organizacionales, ya sea diseñadas o toleradas por autoridades en distintos niveles de gobierno, o ejecutadas por organizaciones criminales que operan con distintos grados de complicidad o aquiescencia de funcionarios públicos.
Frente a este escenario, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que adopten una postura de apertura ante el escrutinio internacional, acepten la cooperación técnica ofrecida y refuercen los mecanismos de rendición de cuentas. La organización insistió en que cualquier estrategia efectiva debe colocar en el centro a las víctimas y a sus familias, quienes continúan encabezando la búsqueda de justicia y verdad en el país.
