La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 25 de mayo de 2026 que, en caso de demostrarse actos de corrupción vinculados con Alejandro Moreno, resulta más conveniente para el país recuperar los recursos presuntamente desviados que centrar el debate exclusivamente en su desafuero o encarcelamiento.
La mandataria federal fue cuestionada durante la conferencia mañanera sobre las indagatorias relacionadas con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI y senador con licencia, quien ha enfrentado diversos señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos públicos.
Ante ello, Sheinbaum planteó que el interés central del Estado debe ser la recuperación del patrimonio obtenido ilegalmente, siempre y cuando las autoridades acrediten la existencia de actos ilícitos.
La presidenta sostuvo que el beneficio social es mayor cuando el dinero o los bienes presuntamente desviados regresan al erario y pueden destinarse a programas y acciones públicas.
“Que regrese lo robado”: prioridad de recuperar recursos públicos
Durante su intervención, Sheinbaum enfatizó que la devolución de recursos públicos puede representar una solución más útil para la ciudadanía que una sanción exclusivamente privativa de libertad.
La mandataria expresó:
“A aquel que se demuestra que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después cuando salga goce de los recursos que se robó como ha pasado muchas veces”.
Con esta declaración, la titular del Ejecutivo retomó una narrativa que ha acompañado distintos procesos anticorrupción recientes, centrada en la restitución del daño patrimonial al Estado.
Alternativas legales antes del desafuero o la prisión
Sheinbaum subrayó que el marco legal mexicano contempla mecanismos adicionales al encarcelamiento para enfrentar posibles actos de corrupción.
Entre ellos mencionó las denominadas salidas alternas dentro de procedimientos judiciales y figuras como la extinción de dominio, herramienta que permite al Estado recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas bajo determinadas condiciones legales.
La presidenta aclaró que estos instrumentos pueden coexistir con otras acciones penales y que el desafuero o la prisión no constituyen necesariamente la única respuesta jurídica posible.
Crítica a modelos previos de combate a la corrupción
La presidenta también cuestionó experiencias del pasado en las que personas sujetas a procesos penales o condenas eventualmente recuperaron su libertad mientras conservaban bienes o recursos presuntamente obtenidos de manera irregular.
Desde su perspectiva, la efectividad del combate a la corrupción debe medirse no solo por el número de detenciones, sino también por la capacidad institucional de resarcir el daño económico causado al patrimonio público.
Este planteamiento se inserta en un debate más amplio sobre la eficacia de las políticas anticorrupción y los mecanismos de reparación patrimonial.
FGR definirá rumbo de investigaciones contra “Alito” Moreno
Pese a fijar postura política sobre el tema, Claudia Sheinbaum aclaró que el desenlace de cualquier investigación relacionada con Alejandro Moreno dependerá exclusivamente de las atribuciones legales de la Fiscalía General de la República.
La mandataria puntualizó que corresponde al Ministerio Público determinar la existencia de delitos, integrar las carpetas de investigación y definir si existen elementos suficientes para ejercer acción penal o solicitar medidas adicionales.
De esta manera, la presidenta buscó deslindar al Poder Ejecutivo de decisiones procesales que recaen formalmente en órganos autónomos de procuración de justicia.
Mientras algunos sectores consideran prioritaria la aplicación de sanciones penales ejemplares, otros sostienen que la recuperación del dinero y bienes presuntamente desviados puede representar un beneficio más tangible para la sociedad.
Por ahora, el avance de las investigaciones y cualquier posible acción legal contra el dirigente priista dependerán de las determinaciones que adopte la Fiscalía General de la República en el marco de sus facultades constitucionales.
