La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer cuatro revisiones extraordinarias relacionadas con la sentencia emitida en 2018 que ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala reactivó uno de los capítulos judiciales más relevantes en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Organizaciones de derechos humanos sostuvieron que esta determinación abre la posibilidad de revisar los efectos de una resolución firme y podría prolongar el acceso a la verdad y la justicia para las familias de las víctimas.

En un comunicado conjunto difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las organizaciones señalaron que el Pleno de la SCJN resolvió ejercer su facultad de atracción dentro de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 331/2026 respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

De acuerdo con el posicionamiento, la resolución de la Corte abre la posibilidad de revisar los efectos de una sentencia definitiva emitida hace ocho años, lo que, a juicio de las organizaciones firmantes, genera tensiones con el principio de seguridad jurídica y con la figura de la cosa juzgada, al permitir que vuelva a discutirse una resolución que había adquirido firmeza.

La sentencia de 2018 es considerada uno de los precedentes judiciales más importantes del caso Ayotzinapa. El 4 de junio de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución mediante la cual el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó reponer la investigación por las graves irregularidades detectadas durante las indagatorias y dispuso la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala, concebida como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva.

Ese fallo judicial concluyó que la investigación que dio origen a la denominada “verdad histórica”, presentada durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, estuvo marcada por violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas la utilización de actos de tortura para la obtención de pruebas. Asimismo, determinó que diversas líneas de investigación, incluidas aquellas relacionadas con la posible participación de integrantes del Ejército, no fueron exploradas de manera adecuada y que tampoco se investigaron suficientemente las denuncias por tortura formuladas por personas procesadas.

Las organizaciones recordaron que los juicios de amparo que derivaron en aquella resolución fueron promovidos originalmente por personas acusadas dentro del caso y no por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, destacaron que uno de los efectos de la sentencia consistió precisamente en reconocer a las familias como víctimas indirectas, lo que actualmente les permite intervenir dentro de los recursos extraordinarios atraídos por la Suprema Corte.

El comunicado también expone que, tras la emisión de la sentencia en 2018, distintas autoridades de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto promovieron recursos de revisión extraordinaria bajo el argumento de que diversas dependencias debieron haber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados ese mismo año, permanecieron sin resolverse durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.

Según las organizaciones, en 2026 la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó formalmente a la Suprema Corte atraer esos recursos extraordinarios al considerar necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia de 2018, al sostener que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad. El comunicado afirma que dichos planteamientos retoman argumentos similares a los presentados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y posteriormente mantenidos por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las organizaciones señalaron que el Pleno de la Suprema Corte aprobó por unanimidad ejercer la facultad de atracción. Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar en el análisis del asunto debido a que previamente encabezó la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, de la cual depende la unidad encargada de la investigación penal relacionada con el caso Ayotzinapa.

Para los organismos firmantes, la decisión judicial no solo permite reabrir la discusión sobre una sentencia que consideran emblemática por haber desestimado judicialmente la denominada “verdad histórica”, sino que también plantea interrogantes sobre los alcances de los mecanismos extraordinarios de revisión de sentencias firmes. En su posicionamiento sostienen que este tipo de revisión no se encuentra expresamente prevista ni en la Constitución ni en la Ley de Amparo, por lo que advierten que podría afectar la certeza jurídica respecto de las resoluciones definitivas emitidas por los tribunales.

El pronunciamiento también subraya que la sentencia de 2018 buscó establecer un mecanismo de investigación con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas, como una vía excepcional para garantizar una investigación independiente sobre la desaparición de los normalistas.

A poco más de dos meses de que se cumplan doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las organizaciones afirmaron que el caso permanece sin un esclarecimiento pleno y señalaron que persisten diversos obstáculos para el acceso a la verdad y la justicia. Entre ellos mencionaron la falta de entrega de información de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas y los pendientes en procesos de extradición considerados prioritarios, particularmente el relacionado con quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal.

El comunicado concluye que la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá, desde la perspectiva de las organizaciones firmantes, a acelerar el esclarecimiento del caso, pues consideran que prolonga la incertidumbre jurídica en torno a una resolución que había sido considerada un parteaguas dentro de la investigación judicial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.