La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por unanimidad la inhabilitación por 10 años impuesta a Javier Gutiérrez Becerril, exsubdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al negar el amparo que promovió contra la sanción administrativa derivada de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de gas natural licuado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Con esta resolución, la sanción impuesta por la CFE queda firme, por lo que el exfuncionario no podrá desempeñar ningún empleo, cargo o comisión dentro del servicio público durante una década. La Suprema Corte determinó que fue constitucional la notificación realizada mediante edictos en el Diario Oficial de la Federación, mecanismo que fue utilizado debido a que las autoridades no lograron localizar al exservidor público en sus domicilios.
SCJN deja firme la sanción contra exdirectivo de la CFE
La resolución del máximo tribunal del país pone fin al principal argumento presentado por la defensa de Javier Gutiérrez Becerril, quien sostenía que la notificación por edictos vulneraba su derecho al debido proceso y que las disposiciones legales que la permiten eran inconstitucionales.
Sin embargo, las ministras y ministros de la Suprema Corte concluyeron que dicho mecanismo de notificación es válido en los casos previstos por la ley, por lo que negaron el amparo solicitado.
Aunque el expediente fue devuelto a un tribunal colegiado para resolver aspectos relacionados con la legalidad del procedimiento administrativo, la inhabilitación por 10 años permanece vigente.
¿Por qué fue inhabilitado Javier Gutiérrez Becerril?
La sanción administrativa tiene su origen en una investigación iniciada por el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Electricidad en 2021.
Las indagatorias detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación directa de contratos millonarios para el suministro de gas natural licuado realizados en 2016, cuando Gutiérrez Becerril ocupaba un cargo directivo dentro de la empresa productiva del Estado.
Como resultado del procedimiento administrativo, en noviembre de 2023 la CFE determinó destituir al exfuncionario e imponerle una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años.
Las investigaciones administrativas señalan que los contratos fueron adjudicados a la empresa estadounidense WhiteWater Midstream, compañía que incrementó significativamente su participación como proveedora de gas para el Gobierno federal tras la implementación de la reforma energética durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades revisaron los procedimientos de contratación para determinar si existieron incumplimientos a la normatividad aplicable en materia de adquisiciones y responsabilidades administrativas.
Investigación paralela de la Fiscalía General de la República
Además de la sanción administrativa, Javier Gutiérrez Becerril también forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con reportajes periodísticos, durante el tiempo en que desempeñó funciones dentro de la Comisión Federal de Electricidad habría adquirido propiedades de alto valor en Houston, Texas, así como en el sur de Francia, operaciones que forman parte de las indagatorias relacionadas con un posible enriquecimiento no justificado.
Hasta el momento, las investigaciones penales continúan en curso y las autoridades no han informado sobre una resolución definitiva en ese ámbito.
Contexto: el combate a la corrupción y las responsabilidades administrativas
En México, los servidores públicos están sujetos a un régimen de responsabilidades previsto en la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras disposiciones que buscan prevenir actos de corrupción, conflictos de interés, desvío de recursos públicos y contrataciones irregulares.
Cuando una autoridad acredita faltas administrativas graves, puede imponer sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la destitución, sanciones económicas e inhabilitaciones para ocupar empleos públicos durante periodos determinados.
En este tipo de procedimientos, las personas investigadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones mediante recursos administrativos y juicios de amparo. Sin embargo, corresponde a los tribunales federales y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si durante el procedimiento se respetaron las garantías constitucionales.
