El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y solicitó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de garantizarle una indemnización y otras formas de reparación conforme a los estándares del derecho internacional.

El pronunciamiento quedó plasmado en un dictamen fechado el 4 de junio de 2026 y difundido públicamente este jueves por diversos medios peruanos. En el documento, el organismo de la ONU determinó que la privación de la libertad del exmandatario vulneró disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al considerar que la detención careció de una base legal suficiente y que durante el proceso no se respetaron plenamente las garantías de un juicio justo.

El Grupo de Trabajo sostuvo que, tras analizar las circunstancias del caso, el remedio adecuado consiste en poner a Pedro Castillo “inmediatamente en libertad” y reconocerle el derecho efectivo a recibir una indemnización y otras formas de reparación de conformidad con el derecho internacional.

La resolución representa un nuevo elemento en la defensa jurídica del exmandatario, quien permanece privado de la libertad mientras enfrenta un proceso judicial relacionado con el intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia anunciado el 7 de diciembre de 2022, hechos que derivaron en su destitución por el Congreso peruano y en su posterior detención por las autoridades.

A raíz del dictamen, la defensa legal de Castillo presentó una nueva solicitud para que el Poder Ejecutivo peruano aplique una de las facultades previstas en la Constitución, específicamente el derecho de gracia en los supuestos establecidos por la legislación vigente. Los abogados sostienen que la opinión emitida por el órgano de la ONU constituye un elemento relevante que debe ser considerado por el Ejecutivo al evaluar la situación jurídica del exjefe de Estado.

Hasta el momento, la estrategia de la defensa no ha prosperado. De acuerdo con la información disponible, los representantes legales de Pedro Castillo han promovido seis solicitudes de indulto o mecanismos equivalentes ante las autoridades competentes, todas ellas rechazadas.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargado de examinar denuncias relacionadas con privaciones de la libertad presuntamente incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Sus dictámenes no tienen carácter vinculante para los Estados, aunque constituyen opiniones jurídicas especializadas que suelen ser utilizadas como referencia en litigios nacionales e internacionales y en procedimientos ante organismos de protección de derechos humanos.

El gobierno peruano no está jurídicamente obligado a ejecutar de manera automática las recomendaciones del Grupo de Trabajo, aunque el organismo exhortó al Estado a adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos que, a su juicio, fueron vulnerados durante la detención del exmandatario.

Pedro Castillo enfrenta actualmente un proceso penal por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció por televisión la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización de diversas instituciones del Estado. El Congreso respondió aprobando su vacancia por incapacidad moral permanente y, posteriormente, las autoridades ordenaron su detención. Desde entonces permanece recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La difusión del dictamen de la ONU reaviva el debate jurídico y político sobre el caso del expresidente peruano, al incorporar una valoración internacional que cuestiona la legalidad de su detención y solicita su liberación inmediata, una postura que contrasta con la actuación de las autoridades peruanas, que hasta ahora han mantenido vigente la medida privativa de la libertad y han rechazado las solicitudes de indulto promovidas por su defensa.