A casi un año de los hechos, un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos niñas, Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia, en un caso que pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para garantizar justicia en violaciones graves a derechos humanos.
La resolución fue dictada por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, quien determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar proceso penal por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura de dolo eventual. El juzgador consideró que los elementos castrenses, dada su formación y adiestramiento en el uso de la fuerza, podían prever el resultado letal de accionar sus armas contra el vehículo en el que viajaba la familia, sin que se acreditara alguna causa que justificara su actuación.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, en Sinaloa, cuando la familia se trasladaba en una camioneta rumbo a la escuela. Tras encontrar bloqueado el camino, decidieron regresar a su domicilio; sin embargo, en ese momento, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en sentido contrario abrió fuego sin previo aviso. En un primer momento, las autoridades señalaron que se trató de un enfrentamiento, versión que no fue posteriormente corregida de manera pública.
Durante la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, expusieron elementos que apuntan al uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza letal en contra de la familia, en contravención de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. La representación social sostuvo que la conducta de los militares fue dolosa, al accionar sus armas sin justificación.
Por su parte, las defensas de los imputados, incluida la Defensa de Oficio Militar, argumentaron que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia en Sinaloa y que los elementos actuaron bajo condiciones de alerta y nerviosismo. No obstante, estos planteamientos no fueron suficientes para evitar la vinculación a proceso.
El avance judicial se produce luego de que el pasado 31 de marzo las víctimas fueran notificadas sobre la ejecución de órdenes de aprehensión contra los 13 elementos del Ejército. Desde el inicio, la familia denunció el uso arbitrario de la fuerza y ha impulsado acciones legales acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en busca de acceso a la justicia.
En paralelo, se abrió una investigación en la jurisdicción militar, situación que ha sido cuestionada por contravenir estándares internacionales que limitan el fuero castrense en casos de violaciones graves a derechos humanos, asunto que actualmente se encuentra en litigio.
Durante la audiencia, los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes y expusieron el impacto irreparable que la muerte de sus hijas ha tenido en su proyecto de vida, al tiempo que demandaron que el proceso judicial avance con diligencia y sin dilaciones.
En un contexto donde organizaciones civiles han documentado patrones de impunidad en casos de violaciones cometidas por fuerzas militares, la expectativa se centra en que las instituciones respondan a la exigencia de verdad y justicia. Para las familias, el proceso representa una oportunidad para que se sancione a los responsables y se establezcan garantías de no repetición frente a uno de los episodios más graves de violencia contra civiles en el país reciente.
