El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su preocupación por los recientes señalamientos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de organizaciones de la sociedad civil, al advertir que este tipo de posicionamientos puede contribuir a su estigmatización y aumentar los riesgos que enfrentan quienes defienden garantías fundamentales en el país.
El pronunciamiento surge luego de que la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, cuestionara públicamente la labor de colectivos y organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al atribuirles prácticas como la supuesta manipulación de demandas, una actuación sesgada y el presunto lucro en la representación de víctimas.
Frente a estas afirmaciones, el Consejo Consultivo sostuvo que tales expresiones resultan incompatibles con una perspectiva de protección de derechos humanos, al tiempo que pueden propiciar un entorno adverso para quienes realizan labores de acompañamiento, documentación y defensa en contextos de alta violencia. Subrayó que las organizaciones y colectivos cuentan con plena legitimidad para acudir a instancias internacionales, así como para representar y acompañar a víctimas, especialmente en un país marcado por crisis como la desaparición de personas.
El posicionamiento también se da en el contexto de la reciente determinación del Comité contra la Desaparición Forzada, que solicitó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, remitir de manera urgente la situación de México ante la Asamblea General, lo que ha intensificado el debate sobre el papel de las instituciones nacionales y de los organismos internacionales en la atención de violaciones graves a derechos humanos.
El Consejo Consultivo enfatizó que la actuación de la CNDH debe orientarse a la tutela de los derechos de las personas y no a la descalificación de quienes, desde la sociedad civil, formulan críticas o recurren a mecanismos internacionales de protección. En ese sentido, advirtió que confundir el mandato constitucional del organismo con una defensa de la actuación gubernamental desdibuja su naturaleza y debilita su papel como ente autónomo.
Asimismo, alertó que los señalamientos provenientes de autoridades o de integrantes de la Junta de Gobierno del propio Mecanismo pueden traducirse en mayores condiciones de vulnerabilidad para las personas defensoras, incluyendo amenazas, hostigamiento, actos de criminalización y afectaciones a su entorno de protección.
En su comunicado, el Consejo hizo un llamado directo a la CNDH para revisar su postura y abstenerse de emitir mensajes que desacrediten o expongan a organizaciones y defensores, al recordar que las instituciones del Estado están obligadas a garantizar su seguridad y a reconocer públicamente su labor en favor de los derechos humanos. La exigencia se enmarca en un contexto en el que la protección efectiva de periodistas y activistas continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en México.
