Organizaciones ambientales, encabezadas por Greenpeace México y respaldadas por decenas de colectivos y comunidades, cuestionaron el viraje en la política energética del gobierno federal tras el reciente planteamiento de explorar la viabilidad del fracking en el país, al advertir que la soberanía energética no puede construirse a costa de la vida de las comunidades ni del deterioro de sus territorios.
En un pronunciamiento conjunto fechado el 9 de abril de 2026, las organizaciones señalaron que el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina abre la puerta a la explotación de gas no convencional mediante fractura hidráulica, lo que, sostienen, contradice el compromiso asumido durante su campaña de no permitir esta técnica en México.
El posicionamiento subraya que, desde la presentación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, la política energética de la actual administración ha girado en torno al gas fósil, cuyo principal componente es el metano. De acuerdo con el documento, lejos de representar un combustible de transición, este tipo de energía contribuye a acelerar la crisis climática y frena el avance hacia una transición energética basada en fuentes limpias.
Las organizaciones advierten que no existe evidencia que respalde la posibilidad de un “fracking sustentable”. Por el contrario, citan un compendio científico elaborado en Estados Unidos que reúne más de 2,300 estudios y concluye que los riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de esta técnica son reales y van en aumento.
El comunicado también cuestiona la pertinencia de destinar recursos científicos a evaluar la viabilidad del fracking, cuando —afirman— el país debería enfocar sus esfuerzos en reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar una transición energética justa. En ese sentido, sostienen que el comité de especialistas anunciado por el gobierno debería responder a las necesidades de la población y no a la continuidad de un modelo energético basado en hidrocarburos.
Uno de los puntos críticos señalados es el uso intensivo de agua que requiere la fractura hidráulica. Aunque el gobierno ha planteado la posibilidad de emplear agua residual tratada o de mar, las organizaciones advierten que estos procesos implican altos costos de inversión y operación, además de un elevado consumo energético, lo que pone en duda su viabilidad económica, especialmente en el contexto de la deuda de Pemex.
En términos de producción, el documento indica que, incluso si se lograra extraer todo el gas disponible en el subsuelo nacional, este sería insuficiente para cubrir la demanda actual. Las proyecciones oficiales estiman que para 2035 se alcanzarían 4,988 millones de pies cúbicos diarios, cifra muy por debajo de los 9,000 millones que actualmente consume el país.
El pronunciamiento también alerta sobre la posible participación de la iniciativa privada en estos proyectos, ante las limitaciones financieras y operativas de Pemex, lo que, a juicio de las organizaciones, podría comprometer la soberanía energética al depender de empresas extranjeras con la tecnología y el capital necesarios para desarrollar el fracking.
Las organizaciones firmantes enfatizan que los impactos de la industria fósil ya son visibles en diversas regiones del país, al recordar episodios recientes como derrames en el Golfo de México y accidentes en instalaciones petroleras, cuyos efectos ambientales y sociales persisten sin que exista, aseguran, una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
Asimismo, advierten que la expansión de la extracción de gas, convencional o no convencional, profundizaría las afectaciones en comunidades indígenas y campesinas, particularmente en estados como Veracruz, Puebla, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, donde desde hace más de una década se han manifestado en contra del fracking.
El documento retoma también posicionamientos internacionales, al señalar que organismos de Naciones Unidas han insistido en la necesidad de abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, mientras que expertos en derechos humanos han recomendado prohibir el fracking ante sus impactos ambientales.
Finalmente, las organizaciones sostienen que el Estado mexicano tiene obligaciones tanto en materia ambiental como de derechos humanos, derivadas de la Constitución y de tratados internacionales, por lo que cualquier decisión que implique riesgos significativos al ambiente podría traducirse en responsabilidades legales a nivel internacional.
El posicionamiento concluye con una advertencia clara: la soberanía energética no puede alcanzarse sacrificando territorios ni vulnerando derechos, y reitera el rechazo de comunidades y colectivos al desarrollo del fracking en México bajo cualquier circunstancia.
