La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes la existencia de una ficha roja de Interpol contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien cuenta además con una orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General de la República.
“Entiendo que sí había ficha roja”, declaró durante la conferencia mañanera, al precisar que el caso está en manos de las autoridades de seguridad competentes.
La orden de aprehensión federal continúa abierta, según confirmó la mandataria, en tanto el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló el día anterior que solicitó a la FGR gestionar el mecanismo internacional de búsqueda, luego de ubicar presuntamente al ex mandatario fuera del territorio nacional. Ramírez Bedolla precisó que existen órdenes de aprehensión tanto federales como locales que deben ser cumplimentadas.
#MañaneraPresidenta | 🚨 YA HAY FICHA ROJA
— Juncal Solano (@juncalssolano) April 10, 2026
Claudia Sheinbaum informó que se emitió una ficha roja de Interpol contra Silvano Aureoles, tras su salida del país con ayuda de un grupo delictivo. pic.twitter.com/hkJgoTbj3K
Aureoles es requerido por el caso Arantepacua, en la comunidad de Nahuatzen, donde enfrenta acusaciones por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura por hechos registrados en 2017. En ese operativo murieron cuatro personas y decenas resultaron heridas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió sobre ese episodio la recomendación 42VG/2020 por violaciones graves a derechos humanos.
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— José Díaz (@JJDiazMachuca) January 14, 2026
Silvano Aureoles (@Silvano_A) lanza acusaciones fuertes contra varios funcionarios del actual gobierno de Michoacán y responsabiliza directamente a Carlos Torres Piña (@CarlosTorres4T) y al gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla), alias “el… pic.twitter.com/c2K1grCxfH
A ese expediente se suma una investigación federal por presunto daño patrimonial vinculado a la construcción y arrendamiento de cuarteles policiacos durante su administración. Los cargos incluyen peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, con un quebranto estimado en 3 mil 600 millones de pesos. Autoridades locales han señalado además la posible participación del crimen organizado en su presunta salida del país.