La estabilidad macroeconómica y la certidumbre jurídica en México enfrentan uno de sus escenarios más críticos. Tras las advertencias emitidas semanas atrás por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre los riesgos de mantener una postura gubernamental de protección hacia gobernantes señalados por la justicia internacional, las repercusiones comerciales y operativas han comenzado a materializarse en el aparato productivo nacional.
El principal catalizador de esta crisis, denunció la mandataria chihuahuense, es la negativa del gobierno estadounidense para consolidar una renovación multianual del Tratado de Libre Comercio (T-MEC). En su lugar, el país ha quedado supeditado a un régimen de revisión anual. Campos enfatizó que esta condición de transitoriedad permanente introduce una variable de inestabilidad estructural indeseable para la atracción de capitales, señalando que “nadie invierte donde las reglas pueden cambiar cada doce meses”.
Las consecuencias de este entorno de desconfianza jurídica ya han cobrado sus primeras cuotas en el sector manufacturero. La gobernadora expuso como ejemplo el caso de la corporación automotriz Toyota, la cual anunció oficialmente el traslado de líneas de producción estratégicas desde sus instalaciones en Tijuana hacia el estado de Texas. Este movimiento corporativo, advirtió Campos, representa el inicio de una inercia de deslocalización que impacta directamente en el empleo formal de las entidades federativas cuyas economías dependen intrínsecamente de las cadenas globales de valor y la exportación, como es el caso de Chihuahua.
Lejos de corregir los desequilibrios institucionales, Maru Campos arremetió contra la reciente postura de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual declaró no tener pruebas suficientes para proceder judicialmente en contra de Rubén Rocha Moya. Para la gobernadora, esta resolución contrasta de forma severa con la realidad fáctica que se vive en Sinaloa y representa una decisión abierta del gobierno federal para blindar a sus aliados políticos.
“Han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos”, sentenció la mandataria, calificando el actuar de la administración federal como un “pacto de complicidad” operado por Morena y la denominada “Cuarta Transformación”. Ante el éxodo de capitales y la degradación del Estado de Derecho, Campos hizo un llamado enérgico al Ejecutivo Federal para que recapacite y rompa dichos acuerdos, recordando que la responsabilidad primaria de un gobierno no es cuidar a su partido, sino salvaguardar la certidumbre y el bienestar de toda la nación.
