Una revisión a la base de datos oficial de contenidos “desmentidos” por la plataforma Infodemia revela un patrón sistemático de intervenciones que benefician al partido gobernante y a figuras clave del actual régimen, de acuerdo con una investigación publicada por la organización periodística EMEEQUIS. Los registros, que abarcan de julio de 2022 a enero de 2026, documentan un total de 6 421 piezas de información desmentidas, aunque el análisis advierte un sesgo consistente en la selección de temas y objetivos.
El proyecto Infodemia, operado desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano bajo la dirección de Jenaro Villamil, ha sido señalado por utilizar recursos públicos para responder a narrativas críticas hacia el gobierno federal y sus aliados políticos. Las cifras muestran que en 152 ocasiones se han desmentido contenidos relacionados con el partido Morena, mientras que 356 intervenciones han estado dirigidas a información vinculada con la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se contabilizan 325 desmentidos.
El análisis también identifica intervenciones específicas en favor de otros actores políticos y proyectos emblemáticos del gobierno. El senador Adán Augusto López aparece en nueve ocasiones, mientras que programas sociales federales han sido defendidos en 159 registros. El proyecto del Tren Maya acumula 48 menciones en su favor. Asimismo, se documentan intervenciones en apoyo a figuras como Luisa María Alcalde y al diputado Cuauhtémoc Blanco, además de referencias a grupos políticos vinculados a la llamada Cuarta Transformación.
En contraste, la base de datos también incluye desmentidos dirigidos a opositores y periodistas. Se identifican menciones a comunicadores como Carlos Loret de Mola, Azucena Uresti y Carlos Alazraki, así como a la politóloga Denise Dresser. En el ámbito político, aparecen referencias a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, lo que refuerza el señalamiento de una estrategia de confrontación narrativa desde un ente público.
Uno de los episodios recientes que ilustra la actuación de Infodemia fue la difusión de información sobre una mujer en Palacio Nacional, inicialmente desmentida por la plataforma y atribuida a contenidos falsos promovidos por usuarios como Vampipe y replicados por medios digitales. Posteriormente, el propio gobierno federal reconoció la veracidad del hecho, lo que derivó en una disculpa pública de la plataforma.
Las críticas al funcionamiento de Infodemia no son nuevas. En 2023, Villamil reconoció que desde los medios públicos se elaboraron contenidos biográficos de aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo, argumentando que se trató de un ejercicio equitativo. No obstante, especialistas han cuestionado el uso de infraestructura estatal para posicionar perfiles políticos.
El debate ocurre en un contexto en el que el propio Estado mexicano ha definido como prioridad combatir la desinformación. Documentos institucionales del Instituto Mexicano de la Radio sostienen que la infodemia representa un obstáculo para el acceso a información veraz y relevante, y ubican a esta estrategia como uno de los principales esfuerzos desde los medios públicos.
Sin embargo, el financiamiento creciente al SPR ha intensificado el escrutinio. El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 contempla una asignación de 401.2 millones de pesos para este organismo, lo que representa un incremento respecto al año anterior. Aunque autoridades legislativas han señalado que el aumento es compensatorio y no implica necesariamente una modernización estructural, la ampliación de recursos ocurre en medio de cuestionamientos sobre el uso político de plataformas como Infodemia.
Investigaciones previas han documentado que, además del sesgo editorial, la plataforma ha desacreditado trabajos periodísticos sin presentar evidencia documental, a pesar de que dichos reportajes han sido sustentados con información obtenida mediante mecanismos de transparencia y fuentes oficiales. Este contraste ha alimentado el debate sobre los límites entre la comunicación institucional, la propaganda gubernamental y el derecho ciudadano a recibir información plural y verificable.
