La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció públicamente que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac se llevó a cabo el sacrificio de miles de perros y gatos, una decisión que —según sostuvo— respondió al cumplimiento de disposiciones normativas en materia de control animal.
El señalamiento surgió tras la difusión de videos en redes sociales donde la legisladora admite que, durante su administración, se ejecutó el sacrificio de al menos 2 500 animales, aunque versiones de activistas sugieren que la cifra podría ser mayor (mencionan hasta 10 000). En dichos materiales, Gutiérrez Escalante argumenta que las acciones se realizaron conforme a la normatividad vigente, al afirmar que no se trató de una postura en contra de los animales, sino del cumplimiento de obligaciones institucionales.
“Nosotros no estamos contra los seres sintientes, simplemente hicimos el trabajo que nos establece la Constitución”, se le escucha decir en uno de los videos que detonaron la polémica pública. La declaración ha generado una oleada de críticas por parte de organizaciones protectoras de animales y usuarios en redes sociales, quienes cuestionan tanto la magnitud de las acciones como su justificación legal.
De acuerdo con los registros disponibles, Mariela Gutiérrez Escalante gobernó Tecámac entre 2019 y febrero de 2024, antes de solicitar licencia para competir por un escaño en el Senado, cargo que actualmente ocupa para el periodo 2024-2030. Durante su administración, el control de fauna callejera formó parte de las políticas municipales, aunque no existía hasta ahora una admisión directa sobre el alcance de los sacrificios realizados.
El caso ha escalado luego de que se difundieran versiones sobre presuntas advertencias dirigidas a servidores públicos para evitar la difusión de esta información, lo que ha intensificado el debate sobre transparencia, responsabilidad administrativa y protección animal en el ámbito local.
Especialistas en derecho animal han señalado que, si bien en México existen normas oficiales que contemplan la eutanasia en casos específicos —como animales enfermos o agresivos—, estas deben aplicarse bajo criterios estrictos de bienestar y como último recurso, lo que abre cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las acciones reconocidas por la ahora senadora.
La controversia se produce en un contexto donde el reconocimiento legal de los animales como “seres sintientes” ha cobrado mayor relevancia en México, lo que incrementa el escrutinio sobre las políticas públicas implementadas en años recientes y la rendición de cuentas de los funcionarios que las ejecutaron.
