El caso del ataque registrado en Teotihuacán escaló al pleno de la Cámara de Diputados, donde legisladores de Morena colocaron el debate en el terreno del contexto histórico de la violencia en México y rechazaron que episodios locales sean utilizados para desacreditar la estrategia de seguridad vigente. La diputada Gabriela Valdepeñas sostuvo que los niveles actuales de violencia no pueden analizarse sin considerar el incremento sostenido que, afirmó, se originó en administraciones anteriores.
Durante su intervención, la legisladora señaló directamente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como responsables del deterioro en materia de seguridad que, dijo, derivó en una crisis acumulada. Argumentó que la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Calderón elevó los homicidios a más de 120 mil casos, mientras que en el periodo de Peña Nieto la cifra alcanzó aproximadamente 156 mil asesinatos, manteniendo una tendencia ascendente.
Valdepeñas afirmó que el punto de partida del actual gobierno fue el nivel más alto de violencia registrado en el país, y que a partir de 2018 se observa un cambio en la tendencia. De acuerdo con los datos citados en tribuna, entre 2019 y 2023 los homicidios habrían disminuido alrededor de 15 por ciento, mientras que la tasa general presenta una reducción cercana al 9 por ciento respecto al inicio del sexenio. Añadió que, hacia 2026, se han registrado niveles mensuales inferiores a los observados en años previos, incluso con periodos comparables a cifras no vistas desde 2017.
En ese contexto, la diputada defendió que la actual estrategia de seguridad busca atender las causas estructurales de la violencia, en contraste con enfoques anteriores centrados en el uso de la fuerza. Sostuvo que la narrativa de la oposición omite deliberadamente el origen del problema y simplifica el análisis al utilizar casos específicos, como el ocurrido en Teotihuacán, para cuestionar de manera general la política de seguridad.
La legisladora reconoció que hechos de violencia generan indignación social legítima, pero advirtió que su uso político puede distorsionar el debate público si se presentan sin un marco más amplio. “Criticar es válido, pero hacerlo sin contexto es desinformar”, expresó ante el pleno, al insistir en que los episodios locales no reflejan por sí mismos la tendencia nacional.
Como cierre de su intervención, solicitó a la Cámara guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia en el país, no solo de los hechos recientes, sino también de aquellos registrados desde el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico en sexenios anteriores. La petición buscó subrayar, según dijo, la dimensión acumulada del problema y la necesidad de analizarlo con base en datos completos y no únicamente desde la coyuntura.
