El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta actualmente con visa para ingresar a Estados Unidos debido a que le fue revocada desde 2025, de acuerdo con una investigación publicada por Los Angeles Times. La medida, según el reporte firmado por el corresponsal Steve Fisher, se mantiene pese a que el mandatario estatal ha rechazado de forma reiterada cualquier vínculo con organizaciones criminales.
La publicación ubica al político sinaloense dentro de un grupo más amplio de figuras públicas mexicanas que han perdido este permiso migratorio, entre las que también se mencionan legisladores del partido oficialista y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En este contexto, el diario estadounidense subraya que estas acciones forman parte de una política más amplia de revisión y eventual sanción contra funcionarios presuntamente relacionados con actos de corrupción o con el crimen organizado.
El reportaje sostiene que, a pesar de diversas controversias, Rocha Moya ha logrado mantenerse en el cargo en buena medida por su cercanía política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según el texto, el mandatario estatal es considerado dentro de un grupo de actores políticos que han contado con respaldo desde el más alto nivel del poder federal en México.
Entre los episodios que han marcado su administración, el diario destaca el asesinato en 2024 de Héctor Melesio Cuén, exrector universitario, exdiputado y adversario político del actual gobernador. El caso generó una crisis institucional en la entidad, derivando en la renuncia del fiscal estatal; sin embargo, las investigaciones no han esclarecido plenamente los hechos y Rocha Moya permaneció en funciones.
La información publicada enfatiza que la revocación de visas se ha aplicado incluso en casos donde los funcionarios han negado cualquier nexo con cárteles, como ha sido la postura pública del gobernador de Sinaloa. No obstante, el endurecimiento de las medidas por parte de Washington apunta a una estrategia más agresiva.
En ese sentido, el corresponsal advierte que el gobierno de Estados Unidos prepara una campaña anticorrupción dirigida a actores políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Esta estrategia no solo contempla la cancelación de visas, sino también la posible presentación de cargos formales ante tribunales federales estadounidenses, lo que representaría un cambio significativo en el alcance de las acciones legales transfronterizas.
La investigación de Los Angeles Times se da en un momento de creciente presión bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, en el que las decisiones unilaterales del gobierno estadounidense podrían tener implicaciones políticas y diplomáticas de alto nivel para México.
