En el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizó 20 permisos para la operación de centros de apuestas a favor de Compañía Operadora Clíe, una empresa cuyo socio mayoritario ha estado vinculado a esquemas de operación que compartieron una misma licencia federal con negocios relacionados con la familia Bermúdez Requena. La información fue revelada por una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Las autorizaciones fueron emitidas el 1 de febrero de 2024 por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob, cuando la dependencia era encabezada por Luisa María Alcalde, en cumplimiento de resoluciones derivadas de un juicio contencioso administrativo radicado en la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los permisos tienen una vigencia de hasta 15 años, con posibilidad de prórroga, lo que extiende su alcance potencial hasta 2039.
El caso contrasta con la postura pública sostenida por el titular del Ejecutivo durante su administración. En diversas ocasiones, incluido un posicionamiento en marzo de 2023, López Obrador afirmó que su gobierno no otorgaría nuevas licencias para casinos ni casas de apuestas como parte de una política para contener la expansión del sector.
De acuerdo con la documentación obtenida por MCCI, Compañía Operadora Clíe fue constituida en 2018 y tiene como socio mayoritario a Nabor Castrejón Bailón, quien también participa en Purtech de México, empresa operadora de casinos. Esta última ha manejado establecimientos como el Epic Casino en Zamora, Michoacán, utilizando el permiso federal DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017.
Dicho permiso, otorgado originalmente en 2017 a Operadora de Coincidencias Numéricas, ha sido utilizado por múltiples operadores de apuestas físicas y plataformas digitales en el país. Entre ellos se encuentran negocios asociados a la familia de Hernán Bermúdez Requena, identificado por autoridades como presunto líder del grupo criminal La Barredora, así como empresas donde participa su hermano, Humberto Bermúdez Requena.
La investigación también documenta que plataformas en línea como CrownCity y CityBets operaban bajo ese mismo permiso, a través de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa cuya constitución fue atestiguada como notario por Adán Augusto López.
El esquema descrito revela la reutilización de una misma autorización federal para amparar la operación de diversos casinos y sitios de apuestas, tanto físicos como digitales, lo que evidencia vacíos regulatorios en el sector y una alta concentración en el uso de permisos.
Los 20 nuevos permisos otorgados a Operadora Clíe establecen que los centros de apuestas podrán instalarse en cualquier parte del país y que las licencias son intransferibles. Sin embargo, su emisión ocurre en un contexto donde la política pública había sido explícita en restringir nuevas autorizaciones.
La firma de los permisos estuvo a cargo de Leonardo Manuel Figueroa Martínez, entonces titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, funcionario cercano a Luisa María Alcalde desde su paso por la Secretaría del Trabajo, donde colaboró en distintos cargos antes de incorporarse a Gobernación en 2023.
El entramado empresarial también conecta a otras firmas del sector, incluidas aquellas vinculadas a la familia Cassab Cherem, con presencia en compañías como C.F. Gaming, Operadora Dielkin y Operadora Gaming Hall, que han operado establecimientos bajo el mismo permiso federal. Este modelo ha permitido que múltiples marcas comerciales y casinos operen bajo una sola autorización administrativa.
Adicionalmente, se ha documentado que el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 fue utilizado por diversas casas de apuestas en distintas entidades del país, así como por empresas que han sido objeto de señalamientos internacionales. Entre ellas se encuentra Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora de casinos en Tamaulipas, que fue sancionada por la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
El otorgamiento de estos permisos reabre el debate sobre la regulación del sector de juegos y sorteos en México, particularmente en torno a la supervisión de licencias, la concentración de autorizaciones y la interacción entre resoluciones judiciales y decisiones administrativas en una industria que maneja altos volúmenes de efectivo y enfrenta riesgos asociados a operaciones irregulares.
