El fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia la noche del lunes en medio de la controversia generada por la presunta participación de agentes de la Central Intelligence Agency en un operativo de seguridad en la entidad, un caso que ha escalado a nivel nacional por sus implicaciones legales, institucionales y de cooperación internacional.
El anuncio se produjo tras una conferencia de prensa en la que autoridades estatales ofrecieron detalles sobre el operativo realizado en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino vinculado al narcotráfico. De acuerdo con la información oficial, en dicho despliegue habrían estado presentes al menos dos ciudadanos estadounidenses, señalados como presuntos agentes de inteligencia, quienes posteriormente fallecieron en un accidente automovilístico en la región serrana. La gobernadora de Chihuahua designó a Francisco Sáenz Soto como encargado de despacho de la Fiscalía
Jáuregui Moreno argumentó que su dimisión responde a la necesidad de garantizar que las investigaciones en curso se desarrollen con plena autonomía. En un mensaje público, sostuvo que su decisión busca contribuir a la transparencia del proceso y a la rendición de cuentas institucional. Reconoció además fallas en la operación, lo que consideró un elemento determinante para separarse del cargo y permitir el esclarecimiento de los hechos con “prontitud y exhaustividad”.
El ahora exfiscal afirmó que su salida también tiene como propósito restablecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, en un contexto donde la coordinación entre autoridades locales y actores internacionales ha sido objeto de cuestionamientos. Señaló que espera que su renuncia fortalezca la disciplina interna, mejore los controles operativos y preserve la integridad de las acciones legítimas en el combate a la delincuencia organizada.
Previo a la renuncia, la titular de la unidad especializada creada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, Wendy Chávez Villanueva, informó sobre los avances de la investigación y apuntó al extitular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, como el único funcionario que habría tenido conocimiento de la presencia de los extranjeros durante el operativo.
Según lo expuesto, no existe registro de que se haya solicitado autorización formal ni de que se informara a superiores jerárquicos sobre la participación de personas extranjeras en el convoy. Asimismo, los testimonios recabados indican que los individuos no portaban uniforme oficial ni insignias de corporaciones mexicanas, tampoco llevaban armas de fuego visibles y mantuvieron el rostro cubierto durante gran parte de la operación. Hasta el momento, la autoridad estatal sostiene que no hay evidencia de que se hayan presentado formalmente como integrantes de alguna agencia de seguridad nacional o extranjera.
El caso ha generado un impacto político adicional debido al contexto en el que ocurre. Jáuregui Moreno había intensificado recientemente su proyección pública en la capital del estado, en un escenario interpretado como antesala de una eventual candidatura rumbo a las elecciones de 2027. La controversia ha coincidido con cuestionamientos persistentes sobre los resultados en materia de seguridad en la entidad.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Chihuahua entre las entidades con mayor incidencia de homicidio doloso en el país. Tan solo en marzo se registraron 132 víctimas, con un promedio diario de 4.25 casos, mientras que en el primer trimestre del año la cifra acumulada asciende a 359. La tendencia de los últimos años se ha mantenido en niveles elevados, lo que ha presionado a las autoridades estatales en términos de resultados y estrategias de seguridad.
La investigación sobre el operativo y la posible participación de agentes extranjeros sigue en curso, mientras el gobierno estatal enfrenta el reto de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y contener los efectos políticos y económicos de una crisis que ha puesto bajo escrutinio la conducción de la política de seguridad en Chihuahua.
