El homicidio del comunicador, ocurrido en el municipio de San Pablo Etla, ha colocado nuevamente a Oaxaca en el centro del debate sobre la seguridad de los periodistas en México. A ello se suma la intención anunciada por el Salomón Jara, gobernador del estado, de dejar de atender a medios que, según dijo, mantienen una postura hostil contra su gobierno, una propuesta que fue señalada por diversos sectores como un riesgo para la libertad de expresión.
En primera instancia, es importante recordar que Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos en San Pablo Etla, un hecho que provocó la condena de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa.
La indignación aumentó luego de que el hijo del periodista afirmara públicamente que el gobernador Salomón Jara había descalificado en diversas ocasiones el trabajo informativo de su padre durante sus conferencias matutinas.
Si bien hasta el momento no existe evidencia que vincule al mandatario con el crimen, colectivos como Artículo 19 han advertido que la estigmatización de periodistas desde el poder puede incrementar los riesgos para quienes ejercen la labor informativa y han solicitado una investigación exhaustiva que considere todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con su actividad periodística.
Diversos organismos defensores de la libertad de expresión exigieron que las autoridades realicen una investigación independiente, imparcial y con perspectiva de protección a periodistas.
Asimismo, solicitaron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General de la República (FGR) coordinen esfuerzos para garantizar que el asesinato no quede impune y que se identifique tanto a los autores materiales como intelectuales.
La propuesta de una “lista negra” de medios desata críticas
Días antes del asesinato, Salomón Jara generó una fuerte controversia al anunciar que su administración elaboraría una lista de portales y medios de comunicación que, desde su perspectiva, difunden información motivada por el “odio” hacia su gobierno.
El mandatario señaló que, una vez concluidas las festividades de la Guelaguetza, dejaría de responder preguntas de los periodistas pertenecientes a esos medios.
La propuesta fue interpretada por organizaciones periodísticas y especialistas en derechos humanos como una medida que podría vulnerar el derecho al acceso a la información pública y constituir un acto de discriminación hacia determinados medios de comunicación.
Especialistas recuerdan que los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar condiciones de igualdad para el ejercicio periodístico y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como represalia por la cobertura informativa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han sostenido en diversas ocasiones que los discursos estigmatizantes emitidos desde el poder pueden generar un ambiente adverso para el trabajo de la prensa y afectar el ejercicio de este derecho fundamental.
Protesta durante la Guelaguetza genera nueva polémica
La tensión aumentó durante la tradicional Calenda de las Culturas, cuando familiares de Francisco Alejandro Leyva intentaron manifestarse de forma pacífica para exigir justicia.
De acuerdo con los testimonios difundidos, un grupo de personas bloqueó el paso de los manifestantes e impidió que las pancartas fueran visibles para el gobernador durante el recorrido.
Posteriormente, Salomón Jara aseguró que abandonó momentáneamente el desfile para evitar confrontaciones y afirmó que solicitaría investigar quién ordenó impedir la protesta.
Gobernador descarta pedir licencia, pero ofrece colaborar con las investigaciones
Ante las críticas y las exigencias de distintos sectores, el gobernador rechazó la posibilidad de solicitar licencia al cargo.
No obstante, manifestó públicamente que está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía General de la República si las autoridades consideran necesario recabar su testimonio dentro de las investigaciones relacionadas con el homicidio del periodista.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre indicios que vinculen directamente al mandatario con el crimen, mientras las investigaciones continúan abiertas.
Contexto: la violencia contra periodistas en México mantiene las alertas
El asesinato de Francisco Alejandro Leyva ocurre en un contexto de alta violencia contra periodistas en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de conflicto armado, según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19.
Estos organismos han documentado que las agresiones contra comunicadores incluyen amenazas, campañas de estigmatización, ataques físicos y homicidios, por lo que insisten en que las autoridades deben investigar con rapidez y garantizar medidas de protección para quienes ejercen la libertad de expresión.
En ese escenario, el caso de Oaxaca ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el discurso hacia la prensa y la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio periodístico en el país.
