Una mujer identificada como Eloína Gómez denunció públicamente la falta de avances en una investigación por presunto abuso sexual en contra del empresario Olivaldo Paz que preside la CanacoTijuana, y afirmó que, a más de un año y medio de haber presentado la querella, la Fiscalía General del Estado no ha dado seguimiento efectivo al caso, mientras ella continúa recibiendo amenazas y presiones para desistir por la vía económica.
De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron cuando laboraba en una tienda donde el señalado era su jefe. Gómez relató que el presunto abuso tuvo lugar en la oficina del empresario, en un contexto de relación laboral que, según su versión, derivó en una agresión acompañada de intimidaciones posteriores. La denunciante sostuvo que ese mismo día fue amenazada por el presunto agresor, quien le habría advertido que no podría enfrentarlo.
La afectada aseguró que, desde entonces, ha intentado aportar pruebas sobre las amenazas que ha recibido; sin embargo, señaló que en reiteradas ocasiones personal de la Fiscalía le ha indicado que “no hay sistema”, lo que ha impedido formalizar la entrega de evidencia y ha frenado el avance de la investigación. Esta situación, dijo, la mantiene en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica.
En sus declaraciones ante medios de comunicación, Gómez afirmó que teme por su integridad. Explicó que ha recibido llamadas y mensajes indirectos en los que presuntamente se le sugiere establecer contacto con el acusado para resolver el caso mediante una compensación económica fuera de los cauces legales. Según su dicho, estas acciones constituyen una forma de presión para que desista de la denuncia.
Asimismo, indicó que podría no ser la única víctima, ya que una excompañera de trabajo habría atravesado por una situación similar, aunque no presentó denuncia formal por temor a represalias. Este señalamiento, aunque no ha sido confirmado por autoridades, apunta a la posible existencia de otros casos que no han llegado a instancias judiciales.
La denunciante hizo un llamado directo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que intervenga y garantice que su caso sea atendido conforme a la ley, con apego a los principios de acceso a la justicia y protección a víctimas. Subrayó que su exigencia central es que las autoridades actúen con imparcialidad y sin dilaciones.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la capacidad institucional para atender denuncias de violencia de género en México, particularmente cuando involucran a figuras con poder económico o influencia en el ámbito empresarial. La falta de resolución en este tipo de procesos suele impactar no solo en las víctimas directas, sino también en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.
