El senador Luis Donaldo Colosio Riojas planteó una iniciativa orientada a modificar la forma en que se decide el destino de la infraestructura pública, con el objetivo de evitar la demolición o sustitución de obras por motivos políticos y sin sustento técnico. La propuesta busca introducir criterios de evaluación económica y transparencia que obliguen a las autoridades a justificar cualquier intervención antes de que una obra haya cumplido su vida útil.
Durante un discurso público, el legislador advirtió que uno de los principales problemas en la gestión urbana en México es la falta de continuidad entre administraciones, lo que deriva en decisiones que implican destruir proyectos previos únicamente por diferencias partidistas. Desde su perspectiva, esta práctica no solo implica un uso ineficiente de los recursos públicos, sino que también genera costos adicionales y afecta la planeación de largo plazo de las ciudades.
La iniciativa contempla que cualquier dependencia o autoridad que pretenda demoler, sustituir o cambiar el uso de una obra pública antes de que concluya su periodo de vida útil deba elaborar un dictamen técnico que justifique la decisión. Este documento tendría que publicarse con al menos 30 días de anticipación, periodo durante el cual la ciudadanía y organizaciones civiles podrían revisarlo y emitir observaciones, en un esquema que introduce elementos de auditoría social al proceso.
El planteamiento incorpora también un componente económico relevante: la obligación de demostrar que la intervención propuesta resulta más viable en términos de costos que el mantenimiento de la infraestructura existente. Este criterio apunta a racionalizar el gasto público, evitando decisiones que impliquen erogaciones innecesarias o duplicación de inversiones.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es que, desde la planeación de cualquier obra pública —ya sea municipal o estatal—, se establezca de manera explícita su vida útil estimada. De acuerdo con el senador, este parámetro permitiría generar un marco objetivo para evaluar futuras decisiones sobre su modificación o demolición, considerando que distintos tipos de infraestructura, como vialidades, espacios deportivos o pasos a desnivel, presentan ciclos de duración diferenciados.
El esquema propuesto incluye la creación de un registro público donde se concentrarían los dictámenes y la información relacionada con las obras susceptibles de intervención. Este instrumento funcionaría como una plataforma de consulta abierta, diseñada para que la ciudadanía tenga acceso a los argumentos técnicos detrás de cada decisión y pueda cuestionar o respaldar las acciones gubernamentales.
Colosio Riojas subrayó que la iniciativa no pretende limitar las facultades de alcaldes o autoridades estatales, sino establecer mecanismos de responsabilidad administrativa que fortalezcan la toma de decisiones. En ese sentido, reconoció que existen casos en los que la demolición anticipada puede ser necesaria o conveniente para una ciudad, pero insistió en que dichas determinaciones deben estar debidamente fundamentadas y no responder a intereses políticos coyunturales.
El trasfondo económico de la propuesta radica en la necesidad de optimizar el uso de recursos públicos en un contexto donde los presupuestos para infraestructura suelen ser limitados. La reiterada sustitución de obras implica no solo un gasto directo en construcción, sino también costos asociados a planeación, licitación y afectaciones a la actividad económica local durante los periodos de intervención.
Con esta iniciativa, el senador busca introducir una lógica de continuidad en la gestión urbana, respaldada por criterios técnicos, transparencia y participación ciudadana, dejando de lado colores políticos, en un intento por corregir prácticas que, según su diagnóstico, han impactado negativamente en el desarrollo ordenado de las ciudades mexicanas.
