El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió públicamente a las imputaciones que, según sus propias declaraciones, le atribuye la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al afirmar que carecen de veracidad y sustento jurídico. En un posicionamiento difundido en sus canales oficiales, el mandatario estatal negó de forma categórica cualquier vínculo con los señalamientos y aseguró que estos serán desmentidos en el momento procesal correspondiente.
Rocha Moya sostuvo que las acusaciones no sólo afectan su imagen personal, sino que forman parte de un intento más amplio de desacreditar al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. En ese sentido, enmarcó los señalamientos como un ataque dirigido también a los liderazgos y a la base social que respalda dicho movimiento, al que pertenece.
El gobernador argumentó que este tipo de acciones se insertan en lo que calificó como una estrategia orientada a vulnerar el orden constitucional mexicano. De manera específica, hizo referencia al principio de soberanía nacional consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Desde su perspectiva, dicho principio estaría siendo puesto en entredicho mediante acciones externas que buscan incidir en la vida política interna del país.
El posicionamiento del mandatario se da en un contexto de alta sensibilidad política y de creciente escrutinio internacional sobre temas relacionados con seguridad, combate al narcotráfico y presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente documentos oficiales detallados por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que permitan corroborar el contenido específico de las acusaciones referidas por el gobernador.
Rocha Moya enfatizó que enfrentará los señalamientos con firmeza y que será en las instancias correspondientes donde se demuestre la falta de fundamento de las imputaciones. Asimismo, dirigió un mensaje a la población de Sinaloa, asegurando que actuará con “valor y dignidad” para esclarecer los hechos y defender su integridad política.
El caso abre un nuevo frente de tensión en la relación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses, particularmente en un momento en el que la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia enfrenta desafíos derivados de diferencias políticas y jurídicas. Analistas advierten que la evolución de este episodio dependerá en gran medida de la evidencia que eventualmente se haga pública, así como de los canales institucionales que se activen para su esclarecimiento.
