La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, las cuales ya fueron canalizadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco jurídico mexicano. De acuerdo con la dependencia, la documentación fue entregada el 28 de abril a las 18:00 horas por conducto de la embajada estadounidense en México.
La cancillería precisó que, en apego a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional y en el Tratado de Extradición bilateral vigente entre ambos países, su papel se limita a la recepción y revisión formal de las solicitudes, así como a su remisión a la autoridad competente. En este caso, corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la procedencia jurídica de las peticiones y evaluar si existen elementos probatorios suficientes para sustentar una eventual detención provisional.
Tras una revisión preliminar, la Secretaría indicó que los documentos remitidos por la representación diplomática de Estados Unidos no contienen elementos de prueba que permitan, por sí mismos, establecer responsabilidad de las personas señaladas. No obstante, subrayó que este tipo de solicitudes se tramitan bajo procedimientos específicos en los que la valoración de evidencias recae exclusivamente en la autoridad ministerial mexicana, conforme a los estándares del sistema penal nacional.
En ese sentido, será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de analizar la viabilidad de las solicitudes y, en su caso, solicitar ante un juez las órdenes de detención provisional con fines de extradición, siempre que se cumplan los requisitos legales aplicables. Este proceso forma parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de justicia penal, en los que México participa bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía jurídica.
La Secretaría de Relaciones Exteriores también señaló que los tratados internacionales vigentes contemplan disposiciones específicas sobre la confidencialidad de la información relacionada con procedimientos de extradición. Por ello, anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la información sobre dichas solicitudes, al considerar que este tipo de comunicaciones deben manejarse bajo criterios de reserva institucional.
El caso se inscribe en un contexto de colaboración bilateral en materia de seguridad y justicia, en el que los procesos de extradición constituyen una herramienta clave para combatir delitos transnacionales. Sin embargo, la autoridad mexicana enfatizó que cualquier acción derivada de estas solicitudes deberá apegarse estrictamente al debido proceso y a la legislación nacional vigente, garantizando en todo momento los derechos de las personas involucradas.
