Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la sentencia que ordena la creación de una nueva Comisión de la Verdad para el caso, al considerar que dicha determinación carece de sustento jurídico, duplicaría funciones institucionales y provocaría un retraso en las investigaciones sobre uno de los expedientes más relevantes en materia de derechos humanos en México.
De acuerdo con un escrito presentado el pasado 24 de julio ante el máximo tribunal del país, los familiares sostienen que actualmente ya existen instancias especializadas encargadas de la investigación y el esclarecimiento del caso, entre ellas la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR). A su juicio, la conformación de un nuevo órgano no fortalecería los trabajos existentes, sino que generaría duplicidad de funciones y fragmentaría la coordinación institucional.
En el documento, los familiares argumentan que la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito tendría efectos contraproducentes para el avance de las investigaciones, ya que implicaría dispersar recursos humanos, técnicos y presupuestales, además de afectar la continuidad de las líneas de investigación que actualmente desarrollan las autoridades competentes.
También advierten que la creación de una nueva comisión podría comprometer la preservación de la cadena de custodia y la conservación de evidencias, elementos considerados fundamentales para garantizar la validez de los procedimientos ministeriales y judiciales. Desde su perspectiva, multiplicar las instancias encargadas del caso incrementaría el riesgo de dilaciones procesales y favorecería escenarios de impunidad.
Otro de los argumentos planteados ante la SCJN se refiere a las facultades constitucionales de los poderes públicos. Los padres de los normalistas sostienen que el Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas excedió sus atribuciones al ordenar la creación de un órgano con características administrativas, presupuestales y operativas, competencias que, afirman, corresponden al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial.
En ese mismo sentido, cuestionan que la resolución otorgue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) facultades extraordinarias de investigación y supervisión que, a su juicio, modifican el diseño constitucional del organismo. Los familiares consideran que dicha decisión altera la distribución de competencias prevista en la Constitución y desnaturaliza las funciones que corresponden a la CNDH como organismo autónomo de protección de los derechos humanos.
Respecto al tratamiento de las denuncias por tortura dentro del expediente Ayotzinapa, los promoventes señalan que la exclusión de pruebas debe analizarse de manera individualizada y conforme a los estándares establecidos por el Protocolo de Estambul, así como por la jurisprudencia desarrollada por la propia Suprema Corte. En su planteamiento sostienen que no resulta jurídicamente procedente invalidar expedientes completos mediante presunciones generales sin un análisis específico de cada caso.
Asimismo, manifiestan que el Protocolo de Minnesota no puede utilizarse como fundamento para regular el funcionamiento de una comisión de investigación ni para resolver controversias entre instituciones, debido a que dicho instrumento internacional constituye una guía técnica para investigaciones forenses relacionadas con muertes potencialmente ilícitas y no un marco normativo para definir estructuras administrativas.
Como alternativa a la creación de una nueva Comisión de la Verdad, los familiares proponen fortalecer las instituciones que actualmente participan en la investigación. Entre las medidas planteadas se encuentra incrementar los recursos destinados a la UEILCA y a la COVAJ, aplicar de manera rigurosa los protocolos de Estambul y Minnesota durante los peritajes, realizar dictámenes periciales individualizados, crear una unidad técnica temporal dentro de la Fiscalía General de la República para atender necesidades específicas del caso, reforzar los mecanismos de protección para víctimas y testigos y ampliar la cooperación con organismos internacionales especializados.
La petición presentada ante la Suprema Corte abre un nuevo capítulo en el debate jurídico sobre la estructura institucional más adecuada para continuar con las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que permanece como uno de los principales pendientes del Estado mexicano en materia de verdad, justicia y combate a la impunidad. La decisión que adopte el máximo tribunal definirá si se mantiene la orden para crear una nueva Comisión de la Verdad o si prevalece el esquema institucional actualmente encargado de las investigaciones.
