La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de ocultamiento de evidencia relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

De acuerdo con la institución encabezada por el Ministerio Público Federal, la captura del ex mandatario estatal forma parte de las nuevas líneas de investigación desarrolladas dentro del denominado nuevo modelo de investigación sobre el caso Ayotzinapa, mediante el cual se realizó un reanálisis integral de las actuaciones ministeriales y judiciales existentes, así como de diversos elementos probatorios que habían sido incorporados al expediente durante los últimos años.

En un comunicado oficial, la FGR señaló que las nuevas diligencias permitieron acreditar la probable participación de Ángel “N”, identificado como ex gobernador de Guerrero durante el periodo 2011-2014, en el presunto ocultamiento de evidencias que habrían sido relevantes para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La dependencia precisó que, con base en los datos de prueba reunidos durante esta nueva etapa de la investigación, solicitó ante un juez federal la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue concedida y posteriormente ejecutada por elementos federales.

Según la Fiscalía, las investigaciones recientes derivan del análisis de actuaciones previas y de nuevos actos ministeriales que permitieron establecer indicios sobre una posible intervención del ex mandatario en acciones encaminadas a impedir el pleno esclarecimiento de los hechos, específicamente mediante el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los normalistas.

La detención representa uno de los movimientos de mayor relevancia dentro de la investigación del caso Ayotzinapa, debido a que Ángel Aguirre Rivero ocupaba la gubernatura de Guerrero cuando ocurrieron los hechos que provocaron una de las mayores crisis de derechos humanos en la historia reciente de México. Tras la desaparición de los estudiantes y las protestas nacionales e internacionales que siguieron al caso, Aguirre presentó su renuncia al cargo en octubre de 2014.

Desde entonces, distintas investigaciones oficiales han revisado la actuación de autoridades de los tres órdenes de gobierno durante las horas posteriores a la desaparición de los estudiantes, así como la forma en que se integró la investigación inicial. En años posteriores, la FGR emprendió una reconstrucción del expediente para revisar las irregularidades detectadas en las pesquisas originales, conocidas por haber sustentado la denominada “verdad histórica”, versión que posteriormente fue descalificada por autoridades federales y organismos nacionales e internacionales.

El Ministerio Público Federal sostuvo que el nuevo modelo de investigación ha permitido desarrollar actos adicionales para identificar posibles responsabilidades penales de funcionarios y ex servidores públicos que, presuntamente, habrían participado en conductas destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos o alterar el curso de las investigaciones.

La Fiscalía no informó, hasta el momento de dar a conocer la captura, mayores detalles sobre los elementos específicos que sustentan la imputación contra el ex gobernador, ni precisó en qué consistieron las evidencias que presuntamente fueron ocultadas. Tampoco dio a conocer la fecha de la audiencia inicial en la que un juez determinará la legalidad de la detención y resolverá la situación jurídica del ex mandatario.

Con esta acción, la FGR sostuvo que continúa el proceso de investigación para determinar las responsabilidades de quienes, presuntamente, participaron tanto en la desaparición de los estudiantes como en las acciones posteriores que habrían dificultado el acceso a la verdad y la procuración de justicia para las víctimas y sus familiares.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa permanece como uno de los casos de mayor impacto político, social y judicial en México. A casi doce años de los hechos, las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación con el propósito de esclarecer plenamente lo ocurrido, localizar a los estudiantes desaparecidos y fincar responsabilidades penales contra quienes participaron en los hechos o en el presunto encubrimiento de los mismos.