La mayoría legislativa de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenó el pasado 5 de agosto un punto de acuerdo promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) que buscaba exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a diversas dependencias federales a investigar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a los mandatarios estatales de Sinaloa y Tamaulipas, por presuntos vínculos o colaboración con grupos del crimen organizado.
La propuesta presentada por legisladores del PAN planteaba que la FGR iniciara investigaciones sobre las acusaciones formuladas contra los tres gobernadores y solicitaba la intervención de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para esclarecer si existían relaciones de carácter financiero, operativo o de colaboración entre autoridades estatales y organizaciones delictivas.
El documento sostenía que las autoridades federales debían determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si existían nexos entre funcionarios de los gobiernos de Baja California, Tamaulipas y Sinaloa con estructuras criminales, además de identificar posibles operaciones financieras relacionadas con dichas acusaciones.
Sin embargo, la mayoría de Morena en la Comisión Permanente rechazó el punto de acuerdo, impidiendo que el exhorto prosperara durante la sesión del órgano legislativo que funciona durante el receso de las cámaras de Diputados y Senadores.
En contraste, la misma mayoría parlamentaria aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para fortalecer acciones encaminadas a prevenir posibles actos de injerencia extranjera en asuntos internos del país.
El dictamen aprobado señala que entre los riesgos que deben atenderse se encuentran campañas digitales de desinformación, financiamiento político o mediático proveniente del exterior, manipulación informativa y acciones coordinadas destinadas a afectar la soberanía nacional, la seguridad nacional, la estabilidad democrática y la autodeterminación del pueblo de México.
Los legisladores que respaldaron el exhorto argumentaron que la SRE es la dependencia encargada constitucionalmente de conducir la política exterior del Estado mexicano y la instancia con mayor capacidad para coordinar mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, además de contar con una visión integral sobre amenazas originadas fuera del país.
El debate ocurrió en un contexto de alta confrontación política en Baja California, donde en las últimas semanas se han intensificado los señalamientos entre Morena y la oposición. Entre los temas que han marcado la agenda estatal se encuentran la difusión de audios atribuidos al exgobernador Jaime Bonilla Valdez y el proceso penal que enfrenta el también exgobernador Ernesto Ruffo Appel, asuntos que han incrementado el intercambio de acusaciones entre las distintas fuerzas políticas en la entidad.
Durante la misma sesión de la Comisión Permanente también se produjo un nuevo enfrentamiento entre Morena y la oposición por la discusión de los lineamientos impulsados por el Gobierno federal en materia de derechos de las audiencias.
El vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, rechazó que la propuesta represente un mecanismo de censura y sostuvo desde tribuna que las sanciones previstas únicamente se aplicarían por incumplimientos específicos relacionados con la obligación de contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para la atención de quejas.
Por su parte, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la regulación fortalece la libertad de expresión, la libertad programática y la libertad editorial, además de incorporar garantías contra la censura previa.
La postura fue rechazada por el diputado del PAN Marcelo Torres, quien acusó al Gobierno federal de impulsar cambios regulatorios con el propósito de restringir la difusión de información relacionada con presuntos escándalos de la administración pública.
El rechazo al exhorto para solicitar investigaciones contra Marina del Pilar Ávila Olmeda y los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas refleja el uso de la mayoría legislativa de Morena para impedir que prosperen iniciativas promovidas por la oposición en la Comisión Permanente, al tiempo que el bloque oficialista logró sacar adelante su propia agenda en materia de política exterior y defensa de la soberanía nacional, manteniendo abierto el debate político entre ambas fuerzas sobre seguridad, transparencia y regulación de los medios de comunicación.
