En una entrevista con NewsNation, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que las autoridades federales estadounidenses continuarán profundizando en las investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales transnacionales. “Estamos reenergizando nuestros esfuerzos”, indicó Blanche, destacando un enfoque interinstitucional que involucra al Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y otras agencias para abordar el tráfico de drogas y la corrupción.
Las declaraciones del funcionario se producen días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentara una acusación formal el 29 de abril de 2026 contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021, y otros nueve actuales o exfuncionarios del estado. Entre los imputados se encuentran un senador, el alcalde de Culiacán, un subprocurador estatal y diversos mandos de seguridad.
Según el documento judicial, los acusados habrían mantenido una alianza con una facción del Cártel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos” (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán), para facilitar el traslado de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. A cambio, presuntamente habrían recibido apoyo político —incluyendo acciones para influir en procesos electorales— y millonarios sobornos, además de brindar protección operativa y filtrar información sensible de las fuerzas del orden.
Rocha Moya, de 76 años y militante del partido Morena, rechazó categóricamente las imputaciones, calificándolas de infundadas y motivadas políticamente. El gobernador se separó temporalmente de su cargo para preparar su defensa y ha enfatizado la defensa de la soberanía nacional. El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha exigido pruebas sólidas antes de considerar cualquier solicitud de extradición y ha manifestado su disposición a cooperar en materia de seguridad, pero dentro del marco del respeto mutuo.
Blanche subrayó que la cooperación de líderes criminales extraditados o detenidos está generando información valiosa que permite nuevas imputaciones. “Hemos visto ya cargos contra funcionarios, incluso jueces, y esto continuará”, señaló en esencia el fiscal interino, al destacar que el riesgo para los líderes de estas organizaciones ha aumentado. Esta estrategia forma parte de un enfoque más amplio de la administración actual para designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas y aplicar presión sostenida sobre sus redes de apoyo institucional.
El caso ha generado un intenso debate sobre la cooperación bilateral en seguridad. Mientras autoridades estadounidenses insisten en que la corrupción facilita el flujo de drogas que afectan gravemente a sus comunidades —especialmente el fentanilo—, en México se resalta la necesidad de preservar la soberanía y evitar percepciones de intromisión. Analistas señalan que este tipo de acciones judiciales transnacionales marcan un precedente en la relación entre ambos países, donde el combate al narcotráfico ha sido históricamente un pilar, pero también fuente de fricciones.
Las investigaciones continúan activas y, según Blanche, el impacto de estas acciones ya se percibe en la dificultad operativa de las organizaciones criminales, aunque reconoció que no se puede hablar aún de un éxito total. “Debemos seguir adelante”, afimo. Este desarrollo ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa y preocupación compartida por el impacto humanitario del tráfico de drogas sintéticas. Ambas naciones coinciden en la necesidad de fortalecer la colaboración, aunque difieren en los mecanismos y énfasis para lograrlo.
