La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad del modelo de evaluación impulsado por la Secretaría de Educación Pública que impide la reprobación automática de estudiantes de educación básica por no aprobar todas las materias y elimina la asistencia mínima como criterio definitivo para acreditar el grado escolar. Con esta decisión, el máximo tribunal del país mantuvo vigente uno de los pilares educativos de la llamada Nueva Escuela Mexicana, enfocado en privilegiar evaluaciones integrales y cualitativas por encima de esquemas centrados exclusivamente en calificaciones numéricas.
El fallo derivó de un amparo promovido por el Colegio Roble contra el acuerdo emitido por la SEP en materia de evaluación escolar. El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien defendió que el sistema educativo no debe reducir el aprendizaje de niñas y niños a promedios numéricos o porcentajes de asistencia.
Durante la discusión en el Pleno, la mayoría de ministros coincidió en que el modelo impulsado por la SEP busca evitar fenómenos de exclusión escolar y deserción, particularmente entre estudiantes que enfrentan condiciones familiares, económicas o sociales adversas. La resolución sostiene que la evaluación educativa debe considerar procesos de aprendizaje, contextos y desarrollo integral del alumnado, y no únicamente resultados cuantificables.
La ministra Lenia Batres argumentó que los sistemas basados exclusivamente en números resultan “reduccionistas” frente a la complejidad del aprendizaje. Bajo esa lógica, la evaluación cualitativa pretende valorar habilidades, participación, avances formativos y condiciones particulares de cada estudiante, en lugar de limitarse a determinar si aprobó o reprobó materias específicas.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue la eliminación de la asistencia mínima obligatoria como requisito decisivo para acreditar el ciclo escolar. Algunos integrantes de la Corte sostuvieron que castigar automáticamente las inasistencias puede afectar injustamente a menores que faltan a clases por situaciones ajenas a su voluntad, como problemas familiares, violencia, condiciones económicas, enfermedades o contextos sociales complejos.
Sin embargo, también hubo ministros que manifestaron preocupación por las posibles consecuencias del modelo. Entre los argumentos críticos se advirtió que flexibilizar la asistencia y evitar la reprobación automática podría derivar en una disminución de los estándares académicos y afectar la calidad educativa en las escuelas públicas y privadas de nivel básico.
Pese a esas diferencias, la mayoría del Pleno resolvió negar el amparo solicitado por el Colegio Roble y respaldó la vigencia del acuerdo de la SEP. La decisión consolida jurídicamente el enfoque educativo promovido por el gobierno federal dentro de la Nueva Escuela Mexicana, una estrategia que ha buscado transformar los mecanismos tradicionales de enseñanza y evaluación en el país.
El acuerdo avalado por la Corte aplica para instituciones públicas y privadas de educación básica y mantiene el criterio de que ningún estudiante debe ser excluido automáticamente del siguiente grado escolar únicamente por no alcanzar determinadas calificaciones o porcentajes de asistencia. La SEP ha sostenido que el objetivo central es garantizar el derecho a la educación y reducir factores que históricamente han contribuido al abandono escolar.
La resolución de la Suprema Corte ocurre en medio de un debate nacional sobre el rumbo de la educación pública en México y sobre el equilibrio entre inclusión educativa y exigencia académica. Mientras sectores afines al modelo consideran que prioriza el bienestar y permanencia de los estudiantes, voces críticas advierten que la eliminación de mecanismos tradicionales de evaluación puede afectar el desempeño escolar y la formación académica de largo plazo.
