La tarde del viernes 22 de mayo de 2026, el bullicio habitual de la zona de La Lagunilla, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se vio interrumpido por un estruendo que paralizó a comerciantes y transeúntes. En el número 74 de la calle Allende, entre Juan Álvarez y República de Honduras, una barda de aproximadamente 15 metros de largo y cinco de alto colapsó dramáticamente hacia la vía pública.
La pesada estructura de mampostería no cayó en un espacio vacío; se desplomó directamente sobre el techo y el costado de un camión de transporte público que circulaba por la vialidad en ese preciso instante, así como sobre varios vehículos particulares que se encontraban estacionados en las inmediaciones. Lo que debió ser un trayecto rutinario para los pasajeros se convirtió, en cuestión de segundos, en una escena de pánico, polvo y rescate.
De acuerdo con la información verificada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y los reportes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el saldo oficial del siniestro fue de cuatro personas lesionadas.
Entre las víctimas documentadas se encuentran dos trabajadores de la obra (trasladados a un hospital privado), un menor de edad que viajaba en el microbús —quien fue ingresado de urgencia al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE a petición de su madre— y una cuarta persona que decidió buscar atención médica por sus propios medios.
Aunque afortunadamente no estamos hablando de pérdidas humanas que lamentar, este incidente no puede ni debe ser catalogado como un simple “accidente fortuito”. Es, a todas luces, el resultado de una negligencia sistémica.
Vecinos y comerciantes de la zona han alzado la voz a través de diversos medios informativos para denunciar que el predio operaba bajo un esquema de irregularidad. Según los testimonios, en el lugar se llevaba a cabo la demolición de una fachada para dar paso a la construcción de una plaza comercial, presuntamente destinada a la venta de productos de importación. Lo más alarmante es que los colonos señalan que el inmueble ya había ostentado sellos de clausura y los obreros laboraban sin el equipo ni los protocolos mínimos de seguridad exigidos por la ley.
Este suceso nos obliga a cuestionar profundamente el papel de las autoridades supervisoras. ¿Cómo es posible que una obra de tal magnitud, ubicada a plena vista en una de las zonas más transitadas del país, opere al margen de la normativa de Protección Civil? El hecho de que se trate de un polígono con inmuebles históricos debería suponer un doble filtro de escrutinio, no un área de ceguera institucional.
El rápido actuar de los cuerpos de emergencia —como el equipo de Blindar Cuauhtémoc, el ERUM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)— es digno de reconocimiento. Acordonaron el área de inmediato, estabilizaron a los heridos y comenzaron el retiro de escombros durante la noche para evitar riesgos adicionales en las estructuras colindantes.
Sin embargo, la reacción post-tragedia, por eficiente que sea, nunca será un sustituto aceptable para la prevención. Las autoridades capitalinas tienen la obligación irrenunciable de ir más allá de la limpieza de la calle. Se requiere una investigación transparente que finque responsabilidades a los dueños del predio y a los encargados de la obra. Los habitantes y visitantes de la Ciudad de México merecen caminar por sus calles sin el temor de que la negligencia estructural les caiga encima.
