La brutalidad ha vuelto a cruzar las puertas de la máxima casa de estudios, o más bien, parece que nunca se fue. El pasado jueves 21 de mayo, las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur se convirtieron nuevamente en el escenario de un acto de violencia inaceptable: un alumno fue atacado con un arma blanca en el interior de los sanitarios del Edificio N. Lo que las autoridades académicas se apresuraron a calificar, mediante un escueto y frío comunicado, como una “riña entre estudiantes” que culminó en “lesiones menores”, esconde una realidad mucho más oscura y preocupante que la comunidad estudiantil se niega a dejar pasar en silencio.
Según testimonios de familiares y alumnos que rápidamente circularon para desmentir la versión oficial, no se trató de un altercado espontáneo. Las denuncias apuntan a un ataque premeditado perpetrado por sujetos que presuntamente ingresaron armados al plantel. Esta abismal discrepancia entre el discurso de la dirección y la narrativa de las víctimas no es nueva; es el síntoma de una administración que históricamente ha preferido gestionar las crisis de relaciones públicas minimizando los hechos, antes que enfrentar el alto costo de admitir que sus protocolos han fracasado estrepitosamente.
Es imperativo cuestionar la utilidad real de los filtros de acceso y la vigilancia. ¿De qué sirven las revisiones si es posible introducir armas punzocortantes a un recinto educativo a plena luz del día? Los estudiantes del CCH Sur han exigido respuestas, protocolos eficientes y soluciones tangibles, como la implementación de detectores de metal funcionales y mayor control en las entradas. Ante la inacción, la comunidad ya analiza convocar a un paro de actividades, una medida drástica pero enteramente comprensible cuando el derecho fundamental a la integridad física no está garantizado.
El acompañamiento jurídico y médico brindado al joven agredido es indispensable, pero sigue siendo una medida puramente reactiva. Desde la óptica de la seguridad pública, no podemos permitir que la autonomía universitaria siga siendo utilizada como un escudo para la opacidad o como pretexto para la falta de orden. La violencia al interior de las escuelas exige intervención inmediata y rendición de cuentas. Las autoridades educativas tienen una deuda pendiente: garantizar que sus aulas sean espacios seguros de conocimiento y no zonas de riesgo donde la vida pende de un hilo.
