La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), emitió una nueva guía dirigida al sector financiero para detectar y reportar operaciones relacionadas con extorsión, especialmente aquellas originadas mediante llamadas telefónicas y esquemas operados desde centros penitenciarios.
La nueva herramienta lleva por nombre “Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión”.
Su propósito es fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la relación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), delito que las autoridades consideran una amenaza creciente para la estabilidad y seguridad del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la elaboración del documento contó con participación directa de la banca mexicana, cuya experiencia permitió perfeccionar el análisis de patrones transaccionales y consolidar herramientas prácticas de supervisión financiera.
Extorsiones telefónicas y cárceles: los patrones detectados por la UIF
Las investigaciones estratégicas de la UIF identificaron que una parte importante de los esquemas de extorsión mantiene vínculos con operaciones desarrolladas desde centros penitenciarios.
- Uso masivo de aplicaciones bancarias móviles
Uno de los hallazgos más relevantes señala que alrededor del 70% de los recursos obtenidos mediante extorsión fueron movilizados rápidamente mediante aplicaciones bancarias móviles, lo que dificulta el rastreo y acelera la dispersión del dinero.
El análisis también detectó patrones recurrentes en las cuentas receptoras.
Entre ellos destacan múltiples transferencias electrónicas de bajo monto con conceptos repetidos, así como movimientos realizados en periodos muy cortos, características que suelen activar alertas de posible actividad ilícita.
- Dispersión rápida de fondos para ocultar el origen del dinero
La guía advierte que las redes criminales acostumbran fragmentar y dispersar los recursos una vez recibidos.
El dinero captado por extorsión suele enviarse de forma inmediata a diversas cuentas bancarias para ocultar su origen y dificultar el seguimiento financiero por parte de las autoridades. Esta práctica, según la UIF, busca insertar recursos ilícitos en la economía formal mediante mecanismos de lavado y ocultamiento patrimonial.
Bancos tendrán 120 días para implementar controles contra la extorsión
El documento establece plazos específicos para que las instituciones financieras adopten las nuevas medidas.
- Primera etapa: aprobación interna en 60 días
Los Oficiales de Cumplimiento de cada banco dispondrán de 60 días naturales para presentar la guía ante sus respectivos comités internos y aprobar su adopción formal.
- Segunda fase: integración en modelos automatizados de riesgo
Una vez aprobadas las medidas, las entidades financieras contarán con otros 60 días naturales para incorporar las alertas y parámetros en sus procesos de monitoreo y sistemas automatizados de análisis de riesgo.
La UIF sostuvo que este esquema permitirá a la banca dirigir de manera más eficiente sus recursos de supervisión y fortalecer la prevención de operaciones ilícitas.
Gobierno endurece estrategia contra extorsiones desde penales
La guía financiera forma parte de una estrategia más amplia del gabinete de seguridad nacional para combatir la extorsión penitenciaria.
Entre las acciones implementadas se encuentra el bloqueo de señal telefónica e internet en reclusorios federales y centros penitenciarios de la Ciudad de México, considerados históricamente puntos de origen de numerosas llamadas delictivas.
En paralelo, fuerzas federales han realizado centenares de cateos y operativos de revisión en penales del país, decomisando teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, armas y otros objetos prohibidos empleados por grupos criminales.
UIF busca cerrar el paso al dinero ilícito en el sistema financiero
Con la emisión de esta guía, la UIF y la banca mexicana buscan fortalecer los controles preventivos y reducir la capacidad operativa de las redes de extorsión.
Las autoridades sostienen que identificar movimientos sospechosos, congelar rutas financieras y mejorar la inteligencia transaccional permitirá frenar la incorporación de recursos ilícitos al sistema económico formal y disminuir uno de los delitos de mayor impacto social en el país.
