La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de sus hijos y de una red de funcionarios estatales, mandos policiacos y operadores políticos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte federal de Nueva York, en medio de una creciente presión de autoridades estadounidenses para concretar órdenes de detención con fines de extradición.
La medida fue emitida mediante el Acuerdo 156/2026 de la UIF, fechado el 6 de mayo de 2026 y distribuido al sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que implica la suspensión total de operaciones financieras, así como el congelamiento de activos y movimientos bancarios de los implicados dentro del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con la investigación publicada por el periodista Jorge García Orozco para la revista Emeequis, el acuerdo ya fue incorporado al Portal SITI PLD/FT, perteneciente al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información de la CNBV, utilizado para notificar a los oficiales de cumplimiento de bancos y entidades financieras sobre personas sujetas a bloqueo financiero por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento ilícito.
La inclusión de los nombres en esta plataforma obliga a las instituciones financieras a ejecutar el congelamiento de cuentas y suspender cualquier actividad bancaria relacionada con los señalados en un plazo de hasta diez días hábiles.
Entre las personas incluidas en el bloqueo financiero aparecen el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya; sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz; así como el senador Enrique Inzunza Cázares, exsecretario General de Gobierno de Sinaloa.
También fueron incluidos Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, ambos exjefes de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, comandante de la Policía Estatal; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal General del estado; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de la capital sinaloense.
Las acusaciones presentadas en territorio estadounidense sostienen que varios de los implicados habrían formado parte de una presunta estructura de protección política, policial y financiera para favorecer las operaciones del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según los señalamientos incluidos en expedientes judiciales en Nueva York, Rubén Rocha Moya habría pactado apoyo político y electoral a cambio de garantizar condiciones de impunidad para la organización criminal, incluyendo el nombramiento de funcionarios afines en posiciones estratégicas del aparato gubernamental.
En el caso del senador Enrique Inzunza Cázares, las investigaciones estadounidenses lo ubican como un supuesto enlace entre operadores del gobierno estatal y miembros de “Los Chapitos”, presuntamente encargado de negociar acuerdos de protección institucional y operación política.
Las acusaciones también alcanzan a mandos de seguridad pública. Gerardo Mérida Sánchez es señalado por supuestamente facilitar información anticipada sobre operativos y redadas para permitir el traslado de drogas y armamento antes de las intervenciones oficiales. Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez habrían recibido pagos mensuales de 16 mil dólares cada uno por permitir la operación del grupo criminal y liberar a integrantes detenidos.
En tanto, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, es acusado de colocar agentes leales a la organización en puntos estratégicos, vender municiones y alertar sobre operativos de fuerzas de seguridad a cambio de pagos mensuales estimados en seis mil dólares.
Dentro del área de procuración de justicia, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra es señalado por presuntamente recibir sobornos mensuales para advertir sobre cateos y operativos dirigidos contra laboratorios clandestinos, permitiendo el retiro de evidencia antes de la llegada de autoridades.
Las investigaciones estadounidenses también involucran al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quien se le atribuye haber recibido pagos periódicos para evitar interferencias gubernamentales contra las operaciones del grupo criminal dentro del municipio.
Por su parte, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, aparece acusado de participar directamente en secuestros y homicidios, además de entregar víctimas a sicarios vinculados con la organización.
Por su parte, la presidenta continúa con su estrategia del desconocimiento para evadir respuestas. Esta mañana, declaró no tener “mayor conocimiento” del tema.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que cualquier procedimiento de extradición deberá desarrollarse conforme a los mecanismos legales vigentes y en apego a los tratados bilaterales de cooperación judicial entre México y Estados Unidos.
El caso se produce en un contexto de creciente presión del gobierno estadounidense contra estructuras políticas presuntamente vinculadas al narcotráfico, particularmente aquellas relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio norteamericano.
