En las últimas semanas, el panorama político en Chihuahua se ha tensado hasta límites poco comunes. La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha enfrentado una serie de acciones judiciales y políticas que, desde su perspectiva y la de sus aliados, configuran un patrón claro de hostigamiento por parte del poder federal. El más reciente episodio —un citatorio para audiencia en la Ciudad de México por una denuncia presentada por el senador Javier Corral— ha reavivado el debate sobre el uso de las instituciones en la disputa entre actores políticos.
Campos recibió este nuevo citatorio tras una denuncia por presunta privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad relacionada con un intento fallido de ejecución de orden de aprehensión contra Corral en un bar de la capital del país. La mandataria contrastó esta situación con el trato dispensado al exgobernador, quien cuenta con una orden de aprehensión en Chihuahua y, según sus palabras, ha recibido protección de altas esferas. “Protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”, ha señalado en sus mensajes.
Este episodio se suma a otros frentes abiertos. La Fiscalía General de la República (FGR) citó previamente a Campos para comparecer por el operativo en el que participaron presuntos agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua. Morena, por su parte, ha impulsado iniciativas de juicio político argumentando violaciones a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional.
La gobernadora ha defendido que su administración actúa con determinación contra la delincuencia organizada, priorizando resultados para los chihuahuenses pese a los intentos de “paralizar” su gobierno.
Resulta preocupante cómo las legítimas diferencias políticas y las responsabilidades de gobernar se entrecruzan con el uso de mecanismos judiciales. La alternancia y la pluralidad democrática exigen que las instituciones operen con imparcialidad y transparencia, lejos de cualquier percepción de revancha o selectividad.
Tanto Campos como Corral han sido protagonistas de rivalidades que datan de años atrás, marcadas por acusaciones mutuas de corrupción y persecución. Hoy, esos conflictos se proyectan al ámbito federal, con un telón de fondo de seguridad pública y soberanía nacional.
La gobernadora ha insistido en que no se detendrá. “Seguiré trabajando con toda mi fuerza por las familias de Chihuahua”, afirmó. Esa determinación es válida siempre que se ejerza dentro del marco legal y con rendición de cuentas clara. Al mismo tiempo, las autoridades federales y los actores de oposición tienen la responsabilidad de demostrar que sus acciones responden a la justicia y no a cálculos electorales o venganzas pendientes.
En un México polarizado, casos como este ponen a prueba la madurez de nuestras instituciones. La ciudadanía observa con atención: espera que prevalezca el interés general sobre las agendas particulares. Defender el fuero constitucional no equivale a impunidad, pero tampoco puede convertirse en herramienta de presión selectiva. La historia reciente muestra que tanto gobernadores como exgobernadores han enfrentado procesos; lo importante es que estos se desarrollen con estricto apego a la ley y sin dobles raseros.
Chihuahua, con su potencial económico, su gente trabajadora y sus desafíos fronterizos, no puede permitirse quedar atrapada en un ciclo interminable de acusaciones. La clase política, en todos los niveles y colores, tiene la obligación de elevar el nivel del debate. Solo así se construye confianza y se avanza hacia un federalismo verdaderamente cooperativo, donde la seguridad y el desarrollo no sean rehenes de la confrontación partidista.
