La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados se posicionó en contra de la nueva propuesta de reforma judicial y de la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, iniciativas que fueron avaladas por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados en medio de un nuevo debate sobre el rumbo del sistema de justicia en México.
Durante la discusión parlamentaria, legisladores de la denominada Bancada Naranja sostuvieron que las modificaciones impulsadas por el oficialismo representan una continuación de los errores cometidos con la reforma judicial aprobada en 2024 y advirtieron que los cambios propuestos no atienden los problemas estructurales relacionados con la inseguridad, la impunidad y la debilidad institucional de los órganos encargados de impartir justicia.
En un posicionamiento difundido por Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario afirmó que, a dos años de la llamada reforma judicial, los problemas de inseguridad y de impunidad permanecen sin cambios sustanciales. La fuerza política sostuvo que sustituir jueces mediante mecanismos de insaculación “nunca garantizó justicia” y reiteró que una transformación de fondo debió enfocarse en fortalecer a los Ministerios Públicos, las Fiscalías y las corporaciones policiales.
“Lo advertimos desde el inicio: Morena no quería arreglar el sistema de justicia. Quería controlar al Poder Judicial”, señaló la bancada naranja al fijar su postura contra el nuevo dictamen. Asimismo, acusó que el oficialismo intenta corregir una improvisación previa “con otra improvisación”, razón por la que adelantó que volverá a votar en contra de las modificaciones constitucionales impulsadas por Morena.
Movimiento Ciudadano insistió en que cualquier cambio al sistema judicial debe construirse con base en la preparación, independencia e imparcialidad de las personas juzgadoras y no mediante aplazamientos electorales o la incorporación de temas ajenos a la impartición de justicia.
En el mismo debate participaron distintas figuras de Movimiento Ciudadano, quienes cuestionaron tanto el contenido de la reforma como los alcances políticos del proyecto promovido por la mayoría oficialista. La senadora Claudia Ruiz Massieu, citada por integrantes de la bancada naranja, fue mencionada como una de las voces que desde 2024 advirtió sobre las deficiencias de la reforma judicial. Legisladores del partido retomaron ese señalamiento para insistir en que aplazar la elección judicial no resuelve los problemas de fondo del sistema.
“México no necesita parches, necesita un Poder Judicial profesional, independiente e imparcial”, expresaron representantes de la bancada naranja durante la discusión del dictamen.
La diputada Iraís Reyes también manifestó su rechazo al proyecto al considerar que la reforma abre la posibilidad de utilizar argumentos relacionados con la “intervención extranjera” para invalidar procesos electorales o limitar las críticas al gobierno. La legisladora sostuvo que Movimiento Ciudadano defiende elecciones libres y rechazó cualquier modificación que, desde su perspectiva, pueda utilizarse para perseguir voces opositoras o críticas del oficialismo.
Por su parte, el legislador Gibrán Ramírez advirtió sobre los riesgos de aprobar disposiciones ambiguas que otorguen facultades excesivas al poder público. Durante su intervención afirmó que una democracia no puede sostenerse mediante normas sujetas a interpretaciones discrecionales y señaló que las medidas contenidas en el dictamen podrían derivar en afectaciones futuras para la soberanía nacional.
“El riesgo de este dictamen es que, por una urgencia coyuntural, abren la puerta a interpretaciones peligrosas”, expresó el legislador emecista, quien llamó a discutir cambios estructurales y no reformas temporales.
En el mismo sentido, el diputado Gildardo Reyes criticó el contenido político de la iniciativa y acusó al oficialismo de impulsar modificaciones constitucionales para blindarse frente a las críticas y a la oposición. El legislador afirmó que mientras el país enfrenta problemas graves relacionados con la delincuencia y la violencia, el Congreso discute reformas alejadas de las necesidades prioritarias de la población.
La discusión sobre la nueva reforma judicial y la posible reelección de magistrados del Tribunal Electoral se desarrolla en un contexto de tensión entre oficialismo y oposición por el futuro del Poder Judicial y por el alcance de las modificaciones constitucionales aprobadas durante el actual sexenio. Morena y sus aliados han defendido los cambios como parte de una transformación necesaria del sistema judicial, mientras que las fuerzas opositoras sostienen que las medidas ponen en riesgo la autonomía e independencia de las instituciones encargadas de garantizar el equilibrio entre poderes.
Con este posicionamiento, Movimiento Ciudadano confirmó que mantendrá su rechazo a las reformas judiciales impulsadas por la mayoría legislativa y reiteró su exigencia de abrir una discusión integral sobre seguridad, procuración de justicia y fortalecimiento institucional.
