La presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, cuestionó los señalamientos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al financiamiento internacional que reciben organizaciones de la sociedad civil y advirtió que la reciente reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal para anular elecciones podría derivar en un escenario de censura e incertidumbre jurídica para periodistas, activistas y organizaciones civiles.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, Casar respondió a las declaraciones de la mandataria federal, quien ha sostenido que el financiamiento proveniente de organismos internacionales puede representar riesgos de intervención externa en asuntos nacionales. La discusión se produce en un contexto político marcado por la aprobación, en la Cámara de Diputados, de una reforma constitucional que establece como causal de nulidad electoral la intromisión de gobiernos, organismos o entidades extranjeras en los procesos electorales mexicanos.
Aunque la modificación constitucional fue avalada por los legisladores, la discusión de la legislación secundaria que definiría los alcances y mecanismos de aplicación de la reforma fue retirada del orden del día, lo que, según Casar, deja abiertos diversos espacios de interpretación que podrían afectar derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información.
La académica y analista política rechazó que la recepción de recursos de agencias internacionales, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pueda equipararse automáticamente con actos de intervencionismo político. En su argumentación, sostuvo que históricamente el propio gobierno mexicano ha sido uno de los principales beneficiarios de programas financiados por organismos internacionales, incluidos recursos provenientes de agencias de cooperación extranjeras destinados a distintos proyectos de desarrollo, fortalecimiento institucional y programas públicos.
Casar afirmó que el origen internacional de determinados apoyos económicos no implica por sí mismo una influencia indebida en la vida política nacional y consideró que resulta necesario distinguir entre la cooperación internacional legalmente establecida y cualquier acción que pudiera constituir una intervención directa en procesos electorales.
La presidenta de MCCI manifestó preocupación por la falta de precisión normativa derivada de la ausencia de una legislación secundaria que establezca con claridad qué conductas podrían ser consideradas injerencia extranjera y cuáles serían los criterios para determinar responsabilidades. A su juicio, esta indefinición genera un ambiente de vulnerabilidad para organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas que realizan investigaciones sobre asuntos de interés público.
Según explicó, bajo una interpretación amplia de la reforma, investigaciones periodísticas o reportes de organizaciones financiadas con recursos internacionales podrían ser señalados de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, aun cuando su objetivo sea documentar actos de corrupción, irregularidades administrativas o problemas de gobierno. En ese escenario, advirtió, existiría el riesgo de que se utilicen criterios ambiguos para restringir la labor de vigilancia ciudadana y el escrutinio público.
Las declaraciones de Casar se producen en medio de un debate nacional sobre los límites entre la cooperación internacional, la participación de organizaciones civiles en asuntos públicos y la protección de la soberanía electoral. Mientras el gobierno federal ha defendido la necesidad de fortalecer mecanismos para impedir cualquier forma de intervención externa en las elecciones mexicanas, voces de la sociedad civil han insistido en que la regulación debe garantizar plenamente las libertades democráticas y evitar disposiciones que puedan derivar en restricciones a la crítica, la investigación periodística o la actividad de organizaciones independientes.
La discusión permanece abierta debido a que aún no se ha presentado ni aprobado el marco legal secundario que precise el alcance de la reforma constitucional. En tanto ello ocurre, especialistas y organizaciones continúan analizando las posibles implicaciones jurídicas y políticas de una disposición que podría influir de manera directa en la relación entre el Estado, la sociedad civil y los mecanismos de observación y rendición de cuentas en México.
