La relación entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de tensión luego de que se diera a conocer que autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con organizaciones criminales, en el marco de una estrategia que amplía el escrutinio sobre funcionarios mexicanos en activo.
De acuerdo con una investigación firmada por Fisher y Linthicum, ambos mandatarios estatales, integrantes de Morena y considerados aliados políticos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, habrían sido objeto de medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, incluida la revocación de sus visas. Según el reporte, pese a no contar con dichos documentos migratorios, ambos habrían ingresado a territorio estadounidense mediante autorizaciones especiales conocidas como “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo utilizado habitualmente para personas que colaboran con investigaciones o procedimientos judiciales.
Las revelaciones surgen en un momento especialmente delicado para la relación bilateral, marcada por diferencias en materia de seguridad, combate al narcotráfico y soberanía nacional. También aparecen en un contexto político relevante para México, donde Morena se prepara para afrontar los comicios intermedios de 2027 mientras mantiene el control de la Presidencia de la República y de una amplia mayoría de gobiernos estatales.
Según las fuentes citadas en la investigación, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad federal durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estaría siendo investigado por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado. El reporte señala que su visa habría sido cancelada desde el año pasado. Sonora ocupa una posición estratégica para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas debido a su extensa frontera con Estados Unidos y a su importancia como corredor para el trasiego de narcóticos.
La publicación sostiene además que Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica especializada y que dichos desplazamientos se realizan bajo el esquema de libertad condicional mencionado. La oficina del mandatario estatal, según la investigación, no respondió a solicitudes de comentarios sobre el tema.
Respecto a Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, las indagatorias estadounidenses estarían relacionadas con el presunto contrabando de combustible robado, actividad ilegal conocida en México como huachicol. Tamaulipas ha sido históricamente identificado como una zona clave para el tráfico de combustibles y otras actividades ilícitas debido a su ubicación fronteriza con Texas.
Ante los señalamientos, Villarreal emitió un posicionamiento público en el que rechazó cualquier conducta ilícita. El gobernador calificó las acusaciones como falsas, sesgadas y carentes de pruebas, y aseguró que su desempeño como servidor público se ha caracterizado por la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de la ley.
La investigación también sitúa estas acciones dentro de una estrategia más amplia de Washington para combatir a los grupos criminales transnacionales. Durante años, las autoridades estadounidenses concentraron sus esfuerzos principalmente en los líderes de los cárteles de la droga. Sin embargo, tras la captura, muerte o entrega de varios de los principales capos del narcotráfico, la atención se ha desplazado hacia funcionarios públicos y cuerpos de seguridad presuntamente vinculados con dichas organizaciones.
En ese contexto, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en uno de los principales focos de controversia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en abril acusaciones contra diversas personas, entre ellas funcionarios actuales y exfuncionarios, a quienes relaciona con actividades de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Rocha Moya ha rechazado las imputaciones, mientras que el gobierno mexicano ha cuestionado los procedimientos y el momento en que fueron difundidas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura crítica frente a estas investigaciones. En distintos actos públicos ha señalado que algunas acciones emprendidas por autoridades estadounidenses podrían interpretarse como intentos de influir en la política interna mexicana. La mandataria ha insistido en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y respetar la soberanía nacional.
Las declaraciones de Sheinbaum han encontrado respuesta en funcionarios estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó recientemente que la lucha contra los cárteles debe ser un objetivo compartido y consideró que convertir el problema de seguridad en una disputa política dificulta la cooperación entre ambos países.
La controversia se produce además cuando México, Estados Unidos y Canadá se preparan para una etapa clave de revisión de su acuerdo comercial regional, circunstancia que añade presión a una relación bilateral ya compleja por los temas migratorios, económicos y de seguridad.
La investigación señala que la cancelación de visas se ha convertido en una herramienta utilizada con creciente frecuencia por Washington. Reportes previos indicaron que decenas de políticos y funcionarios mexicanos habrían perdido discretamente sus visas estadounidenses durante los últimos años. Entre los casos conocidos públicamente figura el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien ha negado cualquier vínculo con actividades criminales.
De acuerdo con las fuentes citadas, dentro del gobierno mexicano existe preocupación por la posibilidad de que nuevas investigaciones o acusaciones alcancen a otros funcionarios y figuras políticas relevantes. La situación adquiere especial relevancia de cara a las elecciones de 2027, en las que estarán en disputa numerosas gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha anunciado cargos públicos contra Durazo o Villarreal derivados de las investigaciones mencionadas en el reporte. Ambos continúan ejerciendo sus funciones como gobernadores de Sonora y Tamaulipas, respectivamente, mientras el debate sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y el alcance de las investigaciones estadounidenses continúa escalando en el ámbito político de ambos países.
