El reportaje del Los Angeles Times, firmado por Steve Fisher y Kate Linthicum y publicado este miércoles 3 de junio de 2026, ha puesto en el centro de la atención nacional e internacional a dos gobernadores de Morena: Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Según fuentes cercanas a las investigaciones citadas por el periódico, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas pesquisas contra ambos por supuestos nexos con el crimen organizado.
En el caso de Durazo, exsecretario de Seguridad federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la investigación se centra en presuntos vínculos generales con organizaciones criminales en un estado estratégico para el trasiego de fentanilo y otras drogas hacia EE.UU. Su visa fue revocada el año pasado. Villarreal, por su parte, enfrenta escrutinio principalmente relacionado con el huachicol, el robo y contrabando de combustible que ha generado millonarias pérdidas a Pemex y ha alimentado violencia en el noreste del país.
Lo más llamativo del reporte es que, a pesar de la cancelación de sus visas, ambos mandatarios han continuado cruzando la frontera bajo el programa de “Parole por Beneficio Público Significativo”, un mecanismo migratorio excepcional que suele reservarse para testigos cooperantes, informantes o personas cuya presencia se considera valiosa para las autoridades estadounidenses. Durazo lo ha utilizado para tratamientos médicos, mientras que Villarreal cuenta con escolta en sus traslados. Esta circunstancia genera suspicacias: ¿colaboran activamente con las investigaciones o aprovechan un vacío legal mientras niegan cualquier irregularidad?
Las reacciones no se hicieron esperar. El gobierno de Sonora emitió un comunicado tajante en el que califica la información como “completamente falsa” y sin fundamento. Américo Villarreal también rechazó las versiones, asegurando que se trata de señalamientos sesgados y carentes de pruebas. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial detallada por parte de la Presidencia de la República ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque el gobierno federal ha insistido en que cualquier acción de EE.UU. debe respetar la soberanía mexicana.
Este episodio no es aislado. Forma parte de una línea más dura de la administración Trump hacia funcionarios mexicanos de alto nivel. En meses recientes se han revocado visas a decenas de políticos, jueces y policías locales bajo sospecha de protección a carteles. El enfoque ha pasado de perseguir solo a capos a cuestionar también a quienes, desde el poder público, supuestamente les facilitan operaciones.
Este caso del Los Angeles Times obliga a una reflexión incómoda pero necesaria. Si las investigaciones estadounidenses tienen sustento —y recordemos que hasta ahora se basan en fuentes anónimas, por lo que deben tomarse con cautela—, Morena y el gobierno federal tienen la oportunidad de demostrar que su discurso anticorrupción va en serio: abrir carpetas internas, auditar con rigor y, si es procedente, apartar de sus cargos a quien resulte comprometido. Esconderse detrás del soberanismo sin actuar con contundencia solo profundiza la desconfianza ciudadana.
