Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló la existencia de una red de diez empresas vinculadas entre sí que, pese a carecer de experiencia comprobada en obras hidráulicas, obtuvo contratos por más de 2 314 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua durante los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con la investigación, el entramado empresarial tiene como punto de origen a Ferroclin, una compañía constituida en 2014 en la notaría pública que entonces encabezaba Adán Augusto López Hernández. La empresa fue incluida en enero de este año por el Servicio de Administración Tributaria en la lista definitiva de empresas factureras o simuladoras de operaciones, después de haber recibido contratos de la Conagua por 329 millones de pesos entre 2019 y 2023.
El reportaje documenta que los mayores contratos obtenidos por esta red se concentraron en algunos de los proyectos hídricos más importantes impulsados durante el sexenio de López Obrador, entre ellos la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa, así como la ampliación del distrito de riego destinado al pueblo Yaqui, en Sonora. Ambas obras fueron consideradas estratégicas dentro de la política hídrica federal.
La investigación también expone que la asignación y supervisión de estos contratos estuvo en manos de un reducido grupo de funcionarios de la Conagua, varios de ellos identificados por sus vínculos con la llamada Cuarta Transformación. Entre los nombres señalados figura Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Uno de los casos documentados ocurrió en junio de 2022, cuando Ferroclin obtuvo un contrato por 90 millones de pesos para realizar trabajos de sobreelevación en la presa derivadora Siqueros, infraestructura encargada de conducir agua del río Presidio hacia el acueducto que abastece a Mazatlán. El fallo fue firmado por Ángel Manuel Medel Ríos, identificado en la investigación como exmiembro de la Ayudantía Presidencial de López Obrador.
Según la documentación revisada por MCCI, el procedimiento de licitación presentó indicios de simulación de competencia. De las 18 propuestas recibidas por la Conagua, únicamente dos fueron consideradas solventes: las presentadas por Ferroclin y Estudios y Diseños Constructivos. La investigación sostiene que ambas compañías comparten a los mismos tres gerentes administrativos, situación que pone en duda la existencia de una competencia real entre participantes.
A pesar de haber sido catalogada por el SAT como empresa fantasma, Ferroclin continuó participando en procesos de contratación pública. En marzo de este año intervino en una licitación de la Conagua relacionada con obras en el río Suchiate. En esta ocasión lo hizo en asociación precisamente con Estudios y Diseños Constructivos, la misma empresa con la que anteriormente había competido dentro de procesos licitatorios.
El reportaje identifica además que cuatro de las diez compañías que integran la red fueron constituidas originalmente en Acapulco entre 1999 y 2011. Sin embargo, con el paso de los años el control administrativo habría sido asumido por empresarios, contadores y abogados originarios de Tabasco, aun cuando los accionistas originales conservaron formalmente su participación accionaria.
Uno de los hallazgos más relevantes involucra a Jylco Construcciones. La investigación señala que uno de sus accionistas era Marco Antonio Juárez Altamirano, arquitecto originario de Acapulco que falleció durante la pandemia de COVID-19 sin conocer que su empresa había terminado convertida en contratista de la Conagua.
En 2020, un empresario tabasqueño identificado como Alejandro Ramos Martínez asumió la administración de Jylco Construcciones. Poco tiempo después, la compañía recibió un contrato por 177 millones de pesos para ejecutar los primeros dos kilómetros de la margen izquierda del río Presidio, en Sinaloa. La adjudicación se concretó pese a que la empresa no contaba con antecedentes relevantes en proyectos hidráulicos.
La investigación atribuye la autorización de ese contrato a la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua, entonces encabezada por Alejandra Icela Martínez Rodríguez. Tras su salida, la posición fue ocupada por Ángel Manuel Medel Ríos, quien permaneció en el cargo hasta diciembre de 2024. De acuerdo con MCCI, ambos funcionarios participaron en la asignación de aproximadamente el 80 por ciento de los 2 mil 314 millones de pesos que recibió el conjunto de empresas investigadas.
El mismo Alejandro Ramos Martínez aparece además como administrador de Constructora e Inmobiliaria Clapa. Después de su incorporación a la compañía, ésta obtuvo dos contratos por un monto acumulado de 333 millones de pesos para ejecutar obras relacionadas con el distrito de riego del pueblo Yaqui en Sonora, uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal en materia de infraestructura hidráulica.
La investigación concluye que, lejos de haber sido desmantelada, la red empresarial continúa operando y participando en procesos de contratación pública. Los recursos federales, sostiene el reportaje, siguen fluyendo hacia compañías vinculadas al mismo grupo en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del sistema hídrico nacional, lo que abre nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y control dentro de la Comisión Nacional del Agua.
