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Exhibe Nueva Escuela Mexicana un costo superior a 4 700 millones de pesos entre litigios, contratos y polémicas

La implementación de la Nueva Escuela Mexicana, uno de los proyectos educativos más ambiciosos impulsados por el Gobierno federal durante el sexenio anterior, dejó una estela de controversias políticas, disputas judiciales y un gasto público que superó los 4 700 millones de pesos en apenas cinco años, de acuerdo con una revisión de contratos oficiales realizada por Reporte Índigo
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La implementación de la Nueva Escuela Mexicana, uno de los proyectos educativos más ambiciosos impulsados por el Gobierno federal durante el sexenio anterior, dejó una estela de controversias políticas, disputas judiciales y un gasto público que superó los 4 700 millones de pesos en apenas cinco años, de acuerdo con una revisión de contratos oficiales realizada por Reporte Índigo.

La reforma educativa, anunciada formalmente en 2022 y sustentada en una transformación profunda de los contenidos pedagógicos y los modelos de enseñanza, tuvo como uno de sus principales operadores a Marx Arriaga Navarro, quien se desempeñó como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública entre 2021 y 2026. Desde esa posición coordinó la elaboración, producción y distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, piezas centrales de una estrategia que buscó replantear la enseñanza en México bajo una visión crítica de los modelos tradicionales de educación.

La Nueva Escuela Mexicana fue presentada como un esquema orientado a superar lo que sus impulsores definieron como una “lógica colonial” presente en distintos ámbitos de la sociedad. Los documentos oficiales del programa establecieron que dicha lógica operaba en dimensiones económicas, políticas, sociales y epistemológicas, influyendo en la apropiación de recursos, el control de las autoridades, las relaciones sociales y la producción del conocimiento.

Sin embargo, el nuevo enfoque generó una fuerte polarización desde sus primeras etapas. La discusión alcanzó su punto más álgido durante la elaboración y distribución de los libros para el ciclo escolar 2023-2024. Diversos sectores cuestionaron tanto los contenidos como los procedimientos utilizados para su diseño. La Unión Nacional de Padres de Familia promovió recursos legales que derivaron en la obtención de un amparo para detener temporalmente la impresión de los materiales, al argumentar que no existía suficiente información pública para verificar el cumplimiento de los planes de estudio ni la participación efectiva de especialistas y gobiernos estatales en el proceso.

Paralelamente, actores políticos y organizaciones civiles difundieron críticas sobre presuntos errores contenidos en los textos. Entre los señalamientos más difundidos figuraron representaciones incorrectas del sistema solar y ejercicios matemáticos que, según especialistas y críticos, presentaban inconsistencias conceptuales. Las acusaciones se combinaron con cuestionamientos ideológicos que calificaban los materiales como instrumentos de adoctrinamiento.

Mientras la batalla jurídica avanzaba en los tribunales, el Gobierno federal continuó con la producción y distribución de los materiales educativos. En medio de la controversia, Marx Arriaga defendió públicamente el proyecto y asumió un papel protagónico en la discusión nacional. A través de sus redes sociales sostuvo una postura firme en favor de la reforma y de los nuevos contenidos escolares, convirtiéndose en una de las figuras más visibles y polémicas del debate educativo.

El componente financiero de la Nueva Escuela Mexicana alcanzó dimensiones significativas. Entre 2023 y 2025 se registraron al menos 475 contratos públicos relacionados con la producción, distribución, promoción y difusión del nuevo modelo educativo. Los montos destinados a la impresión de materiales crecieron de manera notable de un año a otro. En 2023, el contrato más cuantioso correspondió a MacMillan Educación S.A. de C.V., por más de 87 millones de pesos. Para 2024, el contrato de mayor valor fue adjudicado a Grupo Papelero Gabor S.A. de C.V., por más de 282 millones de pesos, cifra que representó un incremento superior a tres veces respecto al mayor contrato del año anterior.

Entre las empresas beneficiadas también apareció Compañía Editorial Ultra S.A. de C.V., firma que en el pasado fue objeto de investigaciones relacionadas con presuntos sobreprecios en la venta de libros durante la administración federal de finales de la década de los noventa. De acuerdo con registros públicos revisados por Reporte Índigo, la empresa obtuvo 10 contratos vinculados con la producción de materiales educativos por un monto acumulado de 397 millones 657 mil 720 pesos.

Otro de los gastos relevantes correspondió a la adquisición de 18 títulos de la colección del reconocido pedagogo brasileño Paulo Freire para integrar el acervo de la biblioteca histórica de la Secretaría de Educación Pública. La compra fue realizada en 2024 a Siglo XXI Editores S.A. de C.V. por un monto superior a 87 millones de pesos. La operación estuvo acompañada por una nueva polémica después de que el propio Arriaga denunciara públicamente que los ejemplares permanecieron almacenados durante semanas en instalaciones de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, situación que atribuyó a diferencias institucionales respecto al proyecto educativo.

El gasto asociado a la Nueva Escuela Mexicana no se limitó a la producción editorial. Las autoridades desarrollaron campañas de promoción nacional bajo los nombres “Nuevos Materiales Educativos” y “Nueva Escuela Mexicana”, desplegadas entre 2023 y 2024. Los recursos destinados a estas acciones incluyeron la producción audiovisual, contratación de espacios publicitarios, renta de pantallas para su instalación en colonias populares, difusión en estaciones de autobuses, inserciones en medios impresos y radiofónicos, colocación de publicidad en unidades de transporte urbano y estrategias de perifoneo en establecimientos comerciales y tiendas Diconsa.

La suma de estos contratos, adquisiciones y campañas de comunicación elevó el costo total del proyecto educativo por encima de los 4 mil 700 millones de pesos, convirtiéndolo en una de las iniciativas educativas con mayor inversión pública de los últimos años.

La etapa de Marx Arriaga al frente de Materiales Educativos concluyó en febrero de 2026. Según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia en Palacio Nacional, su salida ocurrió tras negarse a realizar modificaciones en contenidos relacionados con la participación histórica de las mujeres en México. La decisión abrió un nuevo capítulo de confrontación interna, ya que el funcionario permaneció varios días en sus oficinas manifestando su desacuerdo con los cambios y defendiendo la permanencia de los materiales originales.

Finalmente, la llegada de la pedagoga y poeta indígena Nadia López García marcó el relevo en la conducción de una de las áreas más controvertidas de la Secretaría de Educación Pública. Con ello concluyó una etapa caracterizada por la transformación de los contenidos escolares, pero también por intensos debates políticos, litigios judiciales y una inversión multimillonaria que continúa generando cuestionamientos sobre sus resultados, alcances y efectos en el sistema educativo nacional.

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