La oposición de comunidades indígenas mayo-yoreme a la planta de amoníaco que construye la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, sumó un nuevo capítulo con la exigencia dirigida al banco público alemán KfW Ipex-Bank para que retire el financiamiento otorgado al megaproyecto, mientras habitantes agrupados en el colectivo ¡Aquí no! mantienen una toma pacífica e indefinida en los accesos de la instalación.
De acuerdo con información difundida por organizaciones acompañantes y por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, la movilización busca frenar la conclusión de una obra que actualmente registra un avance del 88 por ciento. Las agrupaciones sostienen que el financiamiento internacional ha permitido la continuidad de un proyecto que, afirman, sigue enfrentando cuestionamientos por parte de comunidades indígenas que consideran vulnerados sus derechos colectivos y territoriales.
El centro de la controversia se encuentra en el respaldo económico otorgado por KfW Ipex-Bank, institución financiera alemana que habría destinado 860 millones de dólares para el desarrollo de la planta. A ello se suma el aval a la exportación concedido por el gobierno de Alemania en 2023 a la empresa suiza Proman, corporación matriz de GPO, lo que fortaleció el esquema de financiamiento internacional para la construcción de la instalación industrial en la región de Topolobampo.
Las organizaciones opositoras sostienen que el banco aprobó el crédito sin garantizar plenamente el cumplimiento del principio de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas potencialmente afectadas por el proyecto. Según su postura, las preocupaciones expresadas durante años por habitantes mayo-yoreme respecto a los posibles efectos ambientales y sociales no fueron atendidas de manera suficiente antes de concretar el respaldo financiero.
Por su parte, KfW Ipex-Bank ha defendido públicamente su participación en el proyecto al señalar que la planta cumple con la normatividad ambiental aplicable y que las autoridades mexicanas competentes no presentaron objeciones que impidieran su desarrollo. Asimismo, el banco ha manifestado que mantiene una evaluación constante sobre la evolución de la obra y sobre el cumplimiento de los estándares requeridos para este tipo de inversiones.
La disputa también se concentra en los posibles impactos sobre la Bahía de Ohuira, ecosistema de alta relevancia ambiental ubicado en la zona norte de Sinaloa. Integrantes del movimiento de resistencia consideran que la operación de la planta podría generar afectaciones al entorno natural y a las actividades productivas tradicionales de las comunidades asentadas en los alrededores. Entre las preocupaciones expresadas se encuentran los riesgos asociados al manejo y almacenamiento de amoníaco, una sustancia utilizada ampliamente en la industria química y de fertilizantes.
Las organizaciones que acompañan la protesta afirman que existen advertencias relacionadas con escenarios de fuga de amoníaco y señalan que la propia empresa ha reconocido la posibilidad de incidentes de esa naturaleza dentro de sus análisis de riesgo industrial. Los opositores sostienen que estos escenarios podrían representar amenazas para la población y para los ecosistemas cercanos, razón por la cual insisten en que el proyecto debe cancelarse de manera definitiva.
El conflicto se desarrolla además en un contexto que activistas y defensores de derechos humanos describen como complejo para quienes participan en la defensa del territorio. Las organizaciones denunciaron que en la región persisten amenazas y presiones contra personas involucradas en movimientos sociales y ambientales, situación que, aseguran, incrementa la preocupación sobre las condiciones en que se lleva a cabo el debate público en torno a la planta.
Como parte de las acciones internacionales emprendidas por los opositores al proyecto, una delegación mexicana viajó a Alemania en abril de 2026 con el objetivo de presentar directamente sus preocupaciones ante actores vinculados al financiamiento de la obra. Según los participantes en esa misión, las reuniones permitieron exponer los argumentos de las comunidades afectadas, aunque consideran que las problemáticas de fondo continúan sin resolverse.
La planta de amoníaco de Topolobampo ha sido objeto de controversia durante varios años y ha enfrentado procesos administrativos, judiciales y consultas relacionadas con su viabilidad. Mientras la empresa y las autoridades que respaldan el proyecto sostienen que la inversión representa una oportunidad para fortalecer la producción industrial y el desarrollo económico de la región, los grupos opositores mantienen que los riesgos ambientales y las presuntas afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo asuntos pendientes.
En este escenario, la toma pacífica de los accesos a la planta continúa como una de las principales formas de protesta de las comunidades mayo-yoreme, que han reiterado su demanda para que KfW Ipex-Bank retire el financiamiento y para que la construcción del complejo industrial sea cancelada de manera definitiva. La confrontación entre las distintas visiones sobre el futuro de la obra mantiene abierto uno de los conflictos socioambientales más relevantes del noroeste del país.
