En Movimiento Ciudadano aseguran que la llamada prórroga para vincular las líneas telefónicas con datos personales no es más que el reconocimiento de un rotundo fracaso del Gobierno federal. En los pasillos naranjas la bautizaron como una medida “tramposa, mañosa y carroñera”, al sostener que más de 87 millones de usuarios simplemente le dieron la espalda al registro obligatorio.
Dicen que el problema de fondo sigue intacto: entregar datos biométricos a un gobierno incapaz de proteger su propia información. Por eso recuerdan los hackeos sufridos por distintas dependencias federales y advierten que la prórroga sólo patea el problema, porque la amenaza de suspender las líneas permanece, ahora con un calendario escalonado según el último dígito del teléfono. En MC insisten en que el gobierno intenta vender como flexibilización lo que, en realidad, es un ajuste obligado ante el rechazo ciudadano.
SILENCIAN A BUSCADORA
La violencia volvió a golpear a quienes buscan a los desaparecidos. Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo “Una Promesa Por Cumplir”, fue asesinada en Pénjamo cuando regresaba de trabajar, un crimen que encendió nuevamente las alertas entre organizaciones de derechos humanos.
Desde 2021 buscaba a su hermana Laura Angélica y se había convertido en una de las voces que acompañaban a otras familias en la misma tragedia. Ahora, colectivos nacionales e internacionales exigen que las autoridades no archiven el caso como un homicidio más y que investiguen si su labor como buscadora fue el motivo del ataque. El asesinato vuelve a poner bajo presión a las autoridades de Guanajuato, mientras crecen los reclamos por la falta de garantías para quienes buscan a sus seres queridos.
PEMEX EN LA MIRA
En Pemex comienzan a encenderse los focos rojos. Pequeños y medianos transportistas acusan que la petrolera, a través de Fertinal, mantiene un adeudo superior a los 100 millones de pesos que ya tiene al borde del colapso financiero a cientos de empresas dedicadas al traslado de carga.
Los transportistas advierten que la paciencia se agotó y amenazan con bloquear carreteras y cerrar el acceso a instalaciones estratégicas si el gobierno continúa ignorando el problema. Dicen que ya no pueden sostener gastos básicos como combustible, nómina o mantenimiento de sus unidades, y lanzaron una advertencia directa: si estalla el conflicto, la responsabilidad política, económica y social recaerá sobre las autoridades por dejar crecer un problema que, aseguran, aún podía resolverse mediante el diálogo.
