La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Morelos revocó el auto de no vinculación a proceso que anteriormente favorecía a Ulises Bravo Molina, exdirigente de Morena en Morelos y medio hermano del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por lo que determinó que continúe el proceso penal en su contra por el presunto delito de violencia familiar.

La resolución deriva de la denuncia presentada por Liu León Luna, expareja de Bravo y madre de una de sus hijas, quien lo acusó de ejercer violencia familiar. Con la decisión de la Sala Penal, el procedimiento judicial avanza a una nueva etapa, luego de que el tribunal consideró procedente revocar la resolución que previamente había impedido la vinculación a proceso.

A pesar de la nueva determinación judicial, Ulises Bravo enfrentará el proceso en libertad, al mantenerse vigentes medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Entre las obligaciones impuestas por la autoridad judicial se encuentra la presentación periódica para firmar cada quince días ante el órgano jurisdiccional correspondiente, además del cumplimiento de las condiciones que establezca el juzgado durante el desarrollo del procedimiento.

Ulises Bravo fue una de las principales figuras de Morena en Morelos durante el periodo en que su medio hermano, Cuauhtémoc Blanco, encabezó el gobierno estatal. Durante ese tiempo ocupó la dirigencia estatal del partido y mantuvo una presencia relevante en la vida política de la entidad, aunque posteriormente dejó ese cargo en medio de diferencias internas.

Tras conocerse la resolución de la Tercera Sala Penal, Bravo aseguró públicamente que el proceso judicial responde a una persecución política. En sus declaraciones sostuvo que existe una intervención del gobierno estatal en el caso y responsabilizó directamente a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, de influir en el desarrollo del procedimiento.

La mandataria estatal rechazó esos señalamientos y negó cualquier participación del Poder Ejecutivo en las decisiones adoptadas por el Poder Judicial. González Saravia sostuvo que se trata de un asunto de carácter estrictamente personal y judicial que deberá resolverse conforme a derecho por las autoridades competentes, sin intervención del gobierno que encabeza.

Con esta resolución, el expediente regresa a la etapa procesal correspondiente para que continúe el desahogo de pruebas y las actuaciones previstas por la ley, sin que la determinación de vinculación a proceso implique un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado. Conforme al sistema penal acusatorio mexicano, esta resolución únicamente establece que existen elementos suficientes para que la investigación judicial continúe y el caso sea analizado durante las siguientes fases del procedimiento, en las que ambas partes podrán presentar pruebas y argumentos antes de que la autoridad jurisdiccional emita una sentencia definitiva.