El secretario de Defensa Pete Hegseth anunció este lunes la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Pentágono y el Departamento de Justicia para “identificar y procesar” judicialmente a los responsables de filtrar información sensible de defensa nacional a los medios.
“Filtrar información sensible de defensa nacional es traicionar a nuestros guerreros y ponerlos en peligro. Por eso, el Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia han creado un grupo de trabajo conjunto para identificar y enjuiciar a los filtradores”, declaró Hegseth en un vídeo publicado en la red social X.
Según el anuncio, Hegseth ha delegado en la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa la autoridad para solicitar y recabar toda la información, documentos y apoyo necesarios dentro del Pentágono en el marco de estas investigaciones. Estas solicitudes tendrán prioridad absoluta y deberán recibir una “respuesta completa y exhaustiva” en un plazo máximo de 48 horas.
“Cuando hoy en día se produce una filtración de información del departamento, es fundamental que proporcionemos al Departamento de Justicia y a otros socios de las fuerzas del orden federales, incluido el FBI, información útil con la mayor rapidez posible”, insistió el secretario.
La iniciativa se produce días después de que el diario The New York Times revelara que la Administración de Donald Trump emitió citaciones judiciales contra varios de sus periodistas tras la publicación de un reportaje sobre preocupaciones de seguridad en el nuevo avión presidencial, un regalo de Qatar.
En el vídeo, Hegseth enfatizó que las filtraciones representan un riesgo directo para la seguridad nacional y el personal militar. “Leaked information risks lives. These new tools and processes will greatly assist us in protecting our joint force”, señaló, según reportes de Reuters y otros medios que confirmaron el contenido del mensaje. Agregó que “el acceso a información confidencial y secreta es un trust sagrado, y aquellos que traicionen esa confianza serán enfrentados con el pleno peso de la ley”.
To leak sensitive national defense information is to betray our warriors and put them in danger.
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 13, 2026
That’s why the @DEPTOFWAR and @THEJUSTICEDEPT have created a joint task force to IDENTIFY AND PROSECUTE LEAKERS. pic.twitter.com/pMqXuo21Mm
El Departamento de Defensa, en coordinación con el Departamento de Justicia, busca así reforzar los mecanismos internos para detectar y sancionar las divulgaciones no autorizadas. Fuentes oficiales indicaron que el grupo de trabajo facilitará la recopilación rápida de evidencias y su traslado a las autoridades judiciales competentes.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de la actual administración por controlar las filtraciones, un problema que ha afectado a múltiples gobiernos estadounidenses. En declaraciones recogidas por medios como Military Times y The Guardian, se destaca que el Pentágono priorizará todas las investigaciones relacionadas con fugas de información a la prensa.
The Pentagon and Justice Department have launched a joint task force to identify and prosecute people who leak sensitive government information, Defense Secretary Pete Hegseth announced.https://t.co/VCfDzxDKYk
— The Washington Post (@washingtonpost) July 13, 2026
Hegseth, quien asumió el cargo en la Administración Trump, ha mantenido una línea dura respecto a la protección de secretos militares. El anuncio no especifica casos concretos en curso, pero se enmarca en el contexto reciente de reportajes sobre operaciones y equipamiento sensible.
Expertos en derecho constitucional y libertad de prensa seguirán de cerca cómo se implementa esta iniciativa, especialmente en relación con el equilibrio entre seguridad nacional y el derecho a informar. Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha reiterado en comunicados previos que el foco está en los filtradores internos y no en los periodistas que reciben la información.
La creación del grupo de trabajo conjunto representa un paso institucional concreto para agilizar las investigaciones de filtraciones. Con plazos estrictos de respuesta interna (48 horas), las autoridades buscan reducir el tiempo entre la detección de una fuga y la acción judicial.