La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, instruyó a las autoridades capitalinas investigar la desaparición de un antimonumento instalado por colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en la glorieta del Ángel de la Independencia, luego de que la estructura fuera retirada horas después de haber sido colocada durante una jornada de protesta y memoria.
El antimonumento fue instalado el pasado domingo sobre Paseo de la Reforma con la leyenda “México, campeón mundial en desaparición. +135 mil en 2026”, como parte de las actividades realizadas por colectivos de búsqueda para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país. La acción coincidió con las movilizaciones por el primer aniversario de la desaparición de Ana Amelí, una joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde que ingresó a una zona montañosa del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la Ciudad de México.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes, Brugada confirmó que la estructura fue retirada sin que hasta el momento se conozca quién lo hizo. Ante ello, solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para esclarecer los hechos. “Se robaron el antimonumento. Vamos a ver qué pasó, por favor, le encargo a la Secretaría de Seguridad”, expresó la mandataria capitalina al referirse al caso.
La desaparición de la estructura provocó reacciones inmediatas de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes exigieron una investigación transparente y resultados públicos. Entre las voces que se pronunciaron se encuentra Amnistía Internacional, que a través de un mensaje difundido en la red social X pidió a las autoridades capitalinas esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el retiro del antimonumento.
La organización internacional señaló que resulta indispensable revisar lo ocurrido de manera pronta, exhaustiva y transparente, informar públicamente los hallazgos de la investigación y garantizar un diálogo directo y respetuoso con las familias y colectivos que impulsaron la colocación de la estructura. Para los grupos de búsqueda, este tipo de intervenciones urbanas representan una herramienta de memoria y denuncia frente a una problemática que continúa afectando a miles de familias en todo el país.
El caso también llegó a la agenda federal. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier participación del Gobierno de México en el retiro del antimonumento y sostuvo que su administración mantiene una política de respeto hacia las expresiones de los familiares de personas desaparecidas.
La mandataria recordó que durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México se permitió la libre manifestación de los colectivos y afirmó que existe comunicación permanente con organizaciones de búsqueda. Asimismo, destacó que la Secretaría de Gobernación mantiene contacto con los colectivos y subrayó que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda fue seleccionada mediante un proceso en el que participaron agrupaciones de familiares.
“Respetamos la manifestación de las familias”, afirmó Sheinbaum, quien también señaló que las instituciones federales trabajan diariamente en tareas relacionadas con la seguridad, la paz y la búsqueda de personas desaparecidas.
La controversia ocurre en medio de una creciente preocupación nacional e internacional por la magnitud del fenómeno de las desapariciones en México. De acuerdo con cifras oficiales, el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, una situación que organismos nacionales e internacionales han calificado como una de las crisis más graves en materia de derechos humanos.
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un informe sobre la persistencia de una crisis humanitaria relacionada con las desapariciones en México. El organismo señaló que gran parte de estos casos están vinculados con la actuación de grupos del crimen organizado y alertó sobre los desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
La investigación ordenada por el Gobierno de la Ciudad de México buscará determinar quién retiró el antimonumento, bajo qué circunstancias ocurrió el hecho y si existió alguna responsabilidad institucional o particular en la desaparición de la estructura. Mientras tanto, colectivos y organizaciones civiles continúan exigiendo respuestas y reiteran que la memoria de las personas desaparecidas debe permanecer visible en el espacio público como una forma de exigir justicia y mantener vigente la demanda de búsqueda.
