La crisis de personas desaparecidas y no localizadas en México sigue siendo uno de los problemas humanitarios más graves del país. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y análisis independientes, el número de casos activos supera los 130 mil. Informes como el de Red Lupa 2026 del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia registraron 134 mil 257 personas al 16 de mayo de este año, cifra que ascendió a más de 135 mil poco después. Organizaciones como Data Cívica reportaron 133 mil 788 casos al 16 de agosto de 2026.
Estas cifras incluyen registros históricos desde décadas anteriores, aunque una proporción significativa corresponde a los últimos años. El Estado de México, Tamaulipas y Jalisco concentran los mayores números. Casi seis de cada diez desapariciones reportadas entre 2018 y 2026 se concentran en ese periodo, según el mismo informe Red Lupa.
Paralelamente, autoridades y especialistas advierten sobre el rezago forense. Cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar en servicios periciales, fosas comunes y panteones ministeriales. Este “desastre forense”, como lo han calificado organizaciones de la sociedad civil, dificulta la posibilidad de entregar respuestas a las familias y cierra la posibilidad de investigación en muchos casos.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ha presentado avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. En octubre de 2026, la titular Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Arturo Medina informaron que más de 16 mil personas registradas como desaparecidas fueron localizadas en meses recientes mediante cruces de información de la Plataforma Única de Identidad, coordinación con entidades federativas, la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y trabajos territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda. De estos, la mayoría fue encontrada con vida. Además, se anunció la integración de un grupo de expertos nacionales e internacionales, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para revisar la metodología y calidad de los datos del registro nacional.
Las autoridades han subrayado que las reformas de 2025 obligan a abrir de inmediato una carpeta de investigación y a iniciar la búsqueda ante cualquier reporte, sin plazos de espera. También destacan atenciones y reuniones con colectivos de familiares. En foros internacionales, el gobierno ha defendido estos esfuerzos y ha cuestionado algunas caracterizaciones de organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al sostener que la mayoría de los casos actuales no corresponden a desaparición forzada por agentes del Estado, sino a acciones del crimen organizado.
Por su parte, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas han expresado preocupación por la persistencia de las cifras y por la forma en que se actualizan los registros. Madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos señalan que la localización de personas mediante cruces de bases de datos no siempre se traduce en investigación de los hechos ni en la identificación de responsables. Denuncian que el número de grupos de búsqueda ha crecido de manera significativa —más de 234 documentados por Amnistía Internacional— precisamente porque las familias continúan asumiendo labores que consideran responsabilidad del Estado. Exigen mayor transparencia en la depuración del registro, fortalecimiento real de los servicios forenses y avances concretos en la investigación de fosas clandestinas y restos sin identificar.
En programas informativos como Hechos AM se ha cuestionado abiertamente si el rechazo a ciertas críticas contribuye o no a resolver el problema. Mientras el gobierno enfatiza los resultados de localización y la voluntad de cooperación técnica, las familias reiteran que detrás de cada número hay una historia de búsqueda cotidiana, dolor y exigencia de verdad y justicia.
La realidad muestra avances en mecanismos de búsqueda inmediata y en el número de personas localizadas, pero también una cifra elevada de casos sin resolver y un rezago forense que mantiene a miles de familias sin respuestas definitivas. El equilibrio entre las acciones institucionales y las demandas de la sociedad civil sigue siendo el eje del debate público sobre esta crisis humanitaria de larga data.
