El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reunió este jueves en Washington a representantes de 66 países para impulsar una estrategia internacional contra lo que la administración de Donald Trump identifica como un resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda, en una iniciativa que coloca a los llamados militantes de Antifa, grupos anarquistas y otras corrientes radicales en el centro de la agenda antiterrorista estadounidense.
El encuentro, celebrado en la sede del Departamento de Estado, fue presentado por Rubio como un esfuerzo para coordinar a gobiernos aliados frente a una amenaza que, según la Casa Blanca y la diplomacia estadounidense, habría adquirido una dimensión transnacional. La reunión fue bautizada informalmente como una “cumbre Antifa”, aunque la existencia de Antifa como una organización única, jerárquica y centralizada no está demostrada.
De acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado, representantes de 66 países de Europa, Asia y América participaron en la reunión. Entre las naciones presentes se encontraban España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Israel, Chile y Uruguay. México, China, Brasil, Nicaragua y Colombia no aparecieron en la lista de países asistentes reportada por la dependencia estadounidense.
Rubio sostuvo durante su discurso de apertura que la violencia política de extrema izquierda constituye una amenaza real y transnacional que, a su juicio, ha existido durante décadas y experimenta actualmente un resurgimiento. El funcionario presentó el fenómeno como una continuidad histórica de organizaciones y movimientos que en distintos momentos recurrieron a la violencia con objetivos políticos.
En su intervención, el secretario de Estado mencionó a la Organización Revolucionaria 17 de Noviembre, activa en Grecia desde la década de 1970, así como a grupos estadounidenses como Weather Underground y el Ejército Negro de Liberación, además de los Tupamaros de Uruguay y las Brigadas Rojas de Italia.
Rubio sostuvo que los grupos radicales pueden identificarse bajo distintas etiquetas ideológicas, entre ellas el anticapitalismo, el antiimperialismo, el comunismo, el anarquismo o el marxismo, pero afirmó que comparten una misma orientación de rechazo al orden político y económico occidental. También los acusó de atacar infraestructura y objetivos vinculados con el poder estatal y económico, incluidos oleoductos, gasoductos, redes ferroviarias, sistemas eléctricos y laboratorios.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró además que existe una red transnacional de militantes vinculados con Antifa que, según su descripción, se desplazarían entre países para participar en ataques, difundir propaganda, intercambiar información y obtener financiamiento. Sin embargo, la afirmación de que existe una estructura internacional única y coordinada de Antifa ha sido objeto de debate, debido a que el término identifica a una corriente descentralizada y a redes de activistas con distintos grados de organización y vínculos entre sí.
La ofensiva política de la administración Trump contra la extrema izquierda se produce después de que el presidente estadounidense anunciara en septiembre de 2025 la designación de Antifa como organización terrorista. La medida fue adoptada después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un hecho que Trump atribuyó políticamente a la “izquierda radical”. No obstante, las autoridades no han presentado pruebas de que el presunto responsable del asesinato, Tyler Robinson, hubiera tenido contacto con una célula organizada de extrema izquierda.
En noviembre de 2025, Washington también designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos europeos identificados como Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria. El gobierno estadounidense ofreció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información relacionada con sus actividades y mecanismos de financiamiento.
La estrategia impulsada por Rubio representa un cambio en las prioridades de la política antiterrorista de la administración Trump, que busca desplazar parte de la atención que durante años estuvo concentrada principalmente en el terrorismo yihadista. En la nueva orientación, Washington también ha colocado como objetivos prioritarios al narcotráfico y a grupos políticos violentos identificados por el gobierno como extremistas de izquierda.
El debate, sin embargo, se mantiene abierto en torno a la magnitud de la amenaza. Un análisis del Center for Strategic and International Studies, CSIS, publicado en septiembre de 2025, registró un aumento de los ataques y complots atribuidos a extremistas de izquierda en Estados Unidos. El estudio señaló que, durante ese año, los incidentes de terrorismo de izquierda superaron por primera vez en más de tres décadas a los atribuidos a la extrema derecha violenta.
El mismo análisis estableció, no obstante, que el aumento partía de niveles históricamente bajos y que la violencia de extrema izquierda seguía siendo considerablemente menos letal que la registrada históricamente por atacantes de extrema derecha y por grupos yihadistas. Según el estudio, entre 2016 y 2025 los ataques de extrema izquierda provocaron muchas menos víctimas mortales que los perpetrados por extremistas de derecha y actores yihadistas.
Esa diferencia es central en el debate sobre la nueva estrategia de Washington. La administración Trump sostiene que la violencia de izquierda ha recibido una atención insuficiente y que el incremento registrado en 2025 justifica una mayor cooperación internacional. Sus críticos, en cambio, advierten que el gobierno podría estar utilizando una amenaza real pero limitada para impulsar una agenda política más amplia contra movimientos opositores, organizaciones sociales y expresiones de protesta.
Durante la reunión también participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales estrategas políticos de la administración Trump. Miller respaldó la caracterización de la extrema izquierda como una amenaza ideológica y política, mientras que Bessent afirmó que el Departamento del Tesoro utilizará sus herramientas financieras para presionar a los gobiernos extranjeros a colaborar con la estrategia estadounidense.
La cumbre se celebró pocos días después de que el Departamento de Estado abriera una convocatoria de subvenciones de entre uno y tres millones de dólares para organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y entidades con fines de lucro en Europa. El programa busca financiar proyectos relacionados con la soberanía nacional, la migración, la censura, el uso político de los sistemas judiciales y el fortalecimiento de vínculos con lo que la administración estadounidense denomina la civilización occidental.
La iniciativa ha generado cuestionamientos en Europa debido a que los criterios de financiamiento coinciden con algunos de los principales temas políticos promovidos por el movimiento MAGA, la corriente política asociada con Donald Trump. La convocatoria también ha provocado preocupación sobre la posibilidad de que recursos del gobierno estadounidense terminen fortaleciendo organizaciones o redes ideológicamente cercanas a sectores de la derecha nacionalista europea.
El gobierno de Trump ha defendido estas acciones como parte de una política para proteger la libertad de expresión, la soberanía nacional y los valores democráticos frente a lo que considera censura y persecución política. Sin embargo, críticos de la estrategia han advertido que el financiamiento extranjero de grupos políticos puede generar tensiones con las legislaciones nacionales y abrir un nuevo frente de disputa sobre la injerencia de Washington en los asuntos internos de sus aliados.
La reunión encabezada por Rubio constituye así un nuevo capítulo de la política exterior estadounidense bajo la segunda administración de Donald Trump. La Casa Blanca busca construir una coalición internacional que comparta su diagnóstico sobre el crecimiento de la violencia política de extrema izquierda y, al mismo tiempo, ampliar la cooperación financiera, policial y de inteligencia contra organizaciones que Washington considera una amenaza.
El desafío para Estados Unidos será demostrar con evidencia la dimensión internacional de esa amenaza y diferenciar entre organizaciones violentas, redes clandestinas y movimientos de protesta que operan de manera legal. El debate adquiere especial relevancia porque la nueva estrategia estadounidense pretende incorporar bajo una misma categoría a grupos con ideologías y niveles de organización muy distintos.
Con la convocatoria de 66 países, Marco Rubio intenta convertir la lucha contra la extrema izquierda violenta en una prioridad internacional de la administración Trump. La estrategia, sin embargo, abre una discusión sobre los límites entre la lucha contra el terrorismo, la persecución de organizaciones violentas y la utilización política de las amenazas internas en un momento de creciente polarización en Estados Unidos y sus aliados.
¿La nueva cruzada internacional de Washington contra la extrema izquierda modificará de manera permanente las prioridades de la lucha global contra el terrorismo?
