En un esfuerzo por combatir uno de los delitos de mayor impacto social y económico en México, el Congreso de la Unión ha hecho un llamado directo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a las fiscalías estatales y federal para endurecer la investigación, persecución y sanción de la extorsión en todas sus modalidades: cobro de piso, llamadas telefónicas, montachoques y extorsiones presenciales.
Esta petición se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instrumentada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde julio de 2025, que ya ha arrojado resultados concretos.
Entre ellos destacan la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con penas de 15 a 25 años de prisión y hasta 42 años en casos agravados (34 agravantes contemplados). Además, se estableció la persecución de oficio, eliminando la carga exclusiva sobre las víctimas intimidadas.
Según datos de la SSPC, desde la implementación de la estrategia se han recibido decenas de miles de llamadas al 089, con un alto porcentaje de extorsiones no consumadas gracias a la intervención oportuna.
Se han abierto miles de carpetas de investigación y detenido a cientos de personas en coordinación con fiscalías, Sedena, Semar y Guardia Nacional en estados prioritarios como Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se concentra la mayoría de los casos.
García Harfuch ha enfatizado la armonización legislativa en las entidades, la creación de unidades especializadas en fiscalías, el fortalecimiento del 089 como número único de denuncia anónima y operativos en centros penitenciarios, origen de muchas llamadas extorsivas.
El Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, aprobado por los 32 gobernadores, busca precisamente mayor rigor técnico, inteligencia financiera y protección a víctimas.
Este endurecimiento responde a la preocupación ciudadana ante un delito que, aunque muestra signos de contención en intentos no consumados, sigue afectando la tranquilidad y la economía.
Las autoridades destacan que las denuncias anónimas y la coordinación interinstitucional son clave para desmantelar células criminales y recuperar la confianza en las instituciones. El mensaje es claro: la extorsión no será tolerada y el Estado responderá con toda su fuerza legal e operativa.
